Desde hace poco más de un año, un Juez federal había vinculado a proceso a René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por otorgar contratos y autorizar compras en el organismo.
René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), por su posible implicación en el caso de corrupción del organismo, el cual incluye un desfalco de al menos nueve mil millones de pesos.
De acuerdo con una publicación de la FGR, Gavira se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía, donde “se le practican diversas diligencias”.
Según los primeros reportes, el exfuncionario fue detenido en Miami, Estados Unidos, y fue trasladado a México para que sea investigado por su probable participación del desfalco.
La Fiscalía anunció que una vez que el Ministerio Público federal autorice, dará a conocer más información sobre la detención del exfuncionario de Segalmex.
El exfuncionario, quien estaba prófugo de la justicia, está señalado por las autoridades por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por otorgar contratos y autorizar compras en el organismo.
Desde abril de 2022, la Fiscalía ya había advertido que existía una carpeta de investigación por el uso indebido de recursos públicos en Segalmex, que derivó en la vinculación a proceso de René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas del organismo, “por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”.
En un comunicado emitido a mediados de ese mes, las autoridades federales indicaron que el exfuncionario habría autorizado —entre el 14 de febrero de 2019 y el 30 de junio de 2020— la compra de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos con recursos públicos asignados a Segalmex.
Siete meses después, en noviembre, la FGR emitió un segundo comunicado informando que Gavira Segreste había sido vinculado a proceso una segunda vez por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, porque “probablemente firmó la renovación de un contrato en calidad de Apoderado Legal y Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa, en el que le permitió del 2019 al 2020, autorizar diversas adquisiciones estimadas ilícitas de contenido económico con recursos públicos”.
Por otro lado, El País publicó apenas el 20 de marzo del año en curso que Segalmex firmó cinco convenios para un total de 73.4 millones de pesos, con los cuales habría de recibir carne deshebrada y cubicada de res, pollo y cerdo, pero solo recibió una parte. Este caso igualmente habría implicado a Gavira Segreste durante su administración en la dependencia.
La investigación de la reportera Georgina Zerega expuso que “sólo se entregaron 60.3 millones de pesos en productos, unos 3.19 millones de dólares, y omitieron despachar el resto. Los entonces responsables del organismo nunca reclamaron la mercancía faltante”.
Los proveedores señalados en el informe al que tuvo acceso el rotativo español, y que serían los beneficiarios de estos convenios, fueron: Wurst Alimentos, Novam Innovación en Alimentos, Synexo, Empacadora La Merced, y Carlos Ovidio Villareal González.
GOBIERNO PRESENTA INFORME DE SU CASO DE CORRUPCIÓN
El pasado 29 de junio, el Gobierno federal presentó un informe sobre el caso de corrupción en Segalmex, el cual acumula irregularidades presupuestarias que ascienden a más nueve mil 500 millones de pesos, 100 denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) contra 87 personas, la obtención de 49 órdenes de aprehensión, 26 personas detenidas y 19 vinculadas a proceso por la comisión de diversos delitos.
Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), habló del estado de las observaciones que fueron determinadas por la dependencia que encabeza y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de las Cuentas Públicas 2019 y 2020.
El funcionario federal apuntó que “los actos de fiscalización dieron lugar a observación relacionadas con nueve mil 500 millones de pesos, de los cuales seis mil fueron señalados por la Secretaría de la Función Pública y tres mil 500 por la Auditoría Superior de la Federación”.
En tanto, Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), compartió que “por instrucción presidencial, en enero de 2022 se creó un grupo de trabajo intersecretarial conformado por la Secretaría de Gobernación, Hacienda, Seguridad, Función Pública, Agricultura y Segalmex”.
Medina Padilla expuso que el grupo intersecretarial coadyuva con el Ministerio Público de la Federación (MPF) para obtener las pruebas que sustentan las denuncias presentadas ante la FGR, “las cuales habían sido ocultadas en las oficinas de Segalmex en todo el país y que se han obtenido por medio de un gran esfuerzo de localización”.
“De esta manera combatimos los intentos corruptos por ocultar la verdad y obstruir la justicia. Un ejemplo de ello es el millón 200 mil documentos y facturas que Segalmex logró recuperar en todo el país, ya que los originales fueron sustraídos dolosamente de los archivos centrales para impedir que las denuncias pudieran sustentarse”, delató.
De esto modo, el grupo de trabajo ha coordinado la presentación de 69 denuncias ante la Fiscalía General de la República, de las cuales, 55 fueron presentadas por Segalmex, Diconsa y Liconsa; cuatro por la Procuraduría Fiscal de la Federación; nueve por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); y una por la Secretaría de la Función Pública.
“Con ello, buscamos que se persiga y se sancione a los responsables que cometen delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y facultades, defraudación fiscal, captación irregular de recursos, enriquecimiento ilícito, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y también delincuencia organizada”, enlistó el funcionario.
Por dichos delitos, a la fecha se han denunciado 87 personas: 41 exservidores públicos, y 46 dueños, socios, representantes, accionistas y abogados de empresas vinculadas a estos hechos delictivos.
Más adelante, Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, informó que a la fecha, la Fiscalía General de la República investiga 100 denuncias penales.
Como resultado de las investigaciones, comunicó, se han judicializado los siguientes asuntos, es decir, se procede penalmente en contra de alguien o se lleva su caso acusándolo de algún delito ante el Juez.
“Dos contra una misma persona por la colocación de recursos públicos que estaban a cargo de Segalmex en instrumentos bursátiles. También se procedió penalmente en contra de dos accionistas de la empresa en la que se recibieron esos recursos, esto tiene que ver con un delito concerniente a la captación ilegal de recursos públicos. Tenemos una judicialización más por enriquecimiento ilícito en contra de un exdirectivo de Liconsa. Una por defraudación fiscal en contra de un exdirectivo del área de Finanzas de Segalmex”, mencionó el representante de la FGR.
Crédito: SINEMBARGO
