La reciente sentencia dictada en Florida contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y su esposa Linda Cristina Pereyra, confirma la existencia de un entramado de corrupción millonaria que operó durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aseguró Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De acuerdo con el funcionario, este caso representa la continuidad de un “Estado corrupto que viene de los años 50”.
Gómez destacó la importancia de conocer la historia de esta trama, similar a muchas otras que han permanecido ocultas en el país. “Es muy relevante conocer la historia de una trama corrupta, como muchas otras que hubo en nuestro país y que quedaron ocultas”, afirmó. Explicó que parte del dinero desviado se usó en campañas políticas y que al menos 15 empresas están bajo investigación por su participación directa o indirecta en el esquema de lavado de dinero.
Durante su intervención en la conferencia matutina presidencial, Gómez señaló: “No debemos desaprovechar esta enorme oportunidad para poder escarbar en la forma de operar de los delincuentes de cuello blanco en una operación transnacional en que gobernaron dos partidos políticos que finalmente se aliaron política y electoralmente”. Añadió que este tipo de prácticas consolidaron un modelo de corrupción sistémica: “Se podrá ver que se vivió un ‘Estado corrupto’”.
El titular de la UIF también denunció la incongruencia entre la justicia estadounidense y la mexicana, al señalar que mientras una jueza en Florida ordenó el pago de 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares al gobierno mexicano por parte del matrimonio García Luna, en México un tribunal concedió un amparo a Linda Cristina Pereyra para operar libremente en el sistema financiero. “Pero esto lo vamos a resolver pronto”, advirtió.
Según Gómez, los procesos judiciales en curso permitirán evidenciar cómo operaban estos mecanismos de saqueo del erario público con total impunidad. “Vamos a poder dar detalles de cómo se robaban el dinero público sin el menor temor de que alguna autoridad los fuera a reprimir o a hacer justicia”.
Subrayó también que, pese al cambio de partidos en el poder, la corrupción continuó sin interrupciones hasta 2018. “Nunca podemos hablar de transición entre un partido y otro, cuando en realidad las cosas no cambiaban. La transición no ocurrió, sino la continuación del mismo estado corrupto que viene de los años 50 y que se creó como parte del sistema político mexicano. Esa es la verdad. El cambio vino en 2018”.
El funcionario adelantó que la sentencia emitida esta semana no será la última: próximamente, la jueza Lisa Walsh dictará otra resolución contra las empresas que participaron en el traslado de recursos a bancos en Barbados, señalados como “bancos lavadores de dinero”. Además, mencionó la posibilidad de alcanzar acuerdos con las empresas implicadas o llevar el caso ante un jurado para obtener un nuevo veredicto. “Nosotros tenemos 15 empresas que participaron de primero o segundo nivel en este esquema de lavado. Estamos hablando, para estas empresas, de cien millones de dólares”.
Gómez aseguró que en México también hay procesos penales abiertos contra los implicados. “Parte de ese dinero fue a dar a campañas políticas y lo vamos a demostrar. Hay gente en la cárcel, hay muchas órdenes de aprehensión”. Reconoció el compromiso del fiscal general en el seguimiento del caso.
Durante la misma conferencia, tanto Gómez como la presidenta Claudia Sheinbaum reconocieron el papel de Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación, por haber impulsado la denuncia cuando se desempeñaba como secretaria de Seguridad. “Honor a quien honor merece, porque ésta es una denuncia que se puso en el periodo del presidente López Obrador y que desarrolló Rosa Icela Rodríguez”, señaló.
La sentencia de Florida responsabiliza a García Luna y Pereyra del pago conjunto de 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares al gobierno de México. La demanda civil, presentada en 2021, involucró también a seis cómplices y 44 empresas extranjeras por contratos de tecnología y seguridad adjudicados entre 2009 y 2018 a instancias como la Policía Federal, el CISEN y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
Mediante el Grupo Weinberg, liderado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, García Luna obtuvo contratos por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos, de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos.
Hasta ahora, el gobierno ha recuperado cerca de 2.5 millones de dólares en bienes, aunque uno de ellos aún no ha sido vendido. Gómez explicó que, inicialmente, la demanda contra García Luna fue por 250 millones de dólares, mientras que a Pereyra se le reclamaron 580 millones. Sin embargo, la sentencia superó ampliamente esas cifras: “La sentencia de ayer se refiere a tres veces los 250 millones de dólares que fueron demandados a García Luna y los mil 740 millones de dólares que se le impusieron a Linda Cristina Pereira”.
