El expresidente Donald Trump ordenó el desmantelamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos, en un movimiento que busca reformar el sistema educativo bajo una visión conservadora. Durante la firma del decreto en la Casa Blanca, Trump aseguró que su intención es devolver el control de la educación a los gobiernos estatales y locales, así como a los padres de familia.
La orden instruye a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a facilitar la clausura de la dependencia. Aunque su eliminación completa requeriría la aprobación del Congreso, la administración de Trump ya ha despedido a la mitad del personal, cancelado múltiples contratos y suspendido diversos programas. El Departamento de Educación administra fondos para estudiantes con discapacidad, apoyo para la reducción del tamaño de los grupos escolares y programas de equidad racial. También maneja los préstamos estudiantiles y la asistencia financiera para universidades, lo que deja en incertidumbre a millones de jóvenes con una deuda acumulada de 1.5 billones de dólares.
Desde su campaña, Trump ha criticado la influencia del gobierno federal en la educación, asegurando que las escuelas han promovido “ideologías radicales antiestadounidenses”. Su administración ha impulsado políticas de “opción escolar”, que permitirían destinar fondos públicos a escuelas privadas, una medida que ha sido señalada como un intento de privatización de la educación.
Recortes y control en universidades de prestigio
La estrategia de Trump también ha alcanzado a las universidades, donde ha ordenado recortes en financiamiento a instituciones como Harvard, Yale, Columbia y la Universidad de Pensilvania. Su administración ha condicionado la entrega de fondos a la eliminación de programas de inclusión racial y de género, así como a la implementación de medidas más estrictas contra el antisemitismo.
Como parte de estas acciones, la Casa Blanca canceló 400 millones de dólares en financiamiento a la Universidad de Columbia, lo que afectó investigaciones médicas y científicas. Además, impuso condiciones para la restitución parcial de estos recursos, incluyendo la entrega del control de su departamento de estudios sobre Medio Oriente, Sur de Asia y África por cinco años.
Otras instituciones también enfrentan amenazas de recortes. La Universidad de Pensilvania podría perder 175 millones de dólares debido a sus políticas sobre atletas transgénero, mientras que decenas de otras universidades están bajo escrutinio federal por sus normas de diversidad e inclusión. Ante estas presiones, algunas han comenzado a reducir programas y personal. La Universidad Johns Hopkins, por ejemplo, anunció la eliminación de 2,000 empleos debido a la pérdida de fondos federales.
Expertos citados por The New York Times advierten que la intervención directa del gobierno en departamentos académicos de universidades privadas no tiene precedentes en la historia del país. La comunidad educativa sigue de cerca la situación de Columbia, cuya administración tiene hasta hoy para responder al ultimátum de la Casa Blanca.
