El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos revocó este martes la autorización de la Universidad de Harvard para inscribir estudiantes internacionales, en un nuevo episodio de confrontación entre la administración del presidente Donald Trump y una de las instituciones educativas más prestigiosas del país. Al mismo tiempo, un juez federal bloqueó la orden ejecutiva que buscaba cerrar el Departamento de Educación.
En una carta dirigida a Alan Garber, rector de Harvard, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, notificó la cancelación inmediata de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (Sevis, por sus siglas en inglés), indispensable para que alumnos extranjeros estudien en Estados Unidos bajo los visados F o J. Esta medida afectará directamente las inscripciones para el ciclo académico 2025-2026.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, los estudiantes que ya se encuentran en el país deberán optar por cambiar de institución, modificar su estatus migratorio o regresar a sus países de origen. En el actual ciclo escolar, el 27.2% de los 30 mil estudiantes matriculados en Harvard son extranjeros, la mayoría de ellos con visa Sevis. La directriz fue emitida a tan solo una semana de la ceremonia de graduación.
Noem argumentó que Harvard incumplió solicitudes de información del gobierno federal y fomentó un ambiente “inseguro en el campus, hostil a los universitarios judíos”. Además, acusó a la institución de promover simpatías hacia Hamas y de aplicar “políticas racistas de diversidad, equidad e inclusión”. También afirmó que la universidad mantenía vínculos con el Partido Comunista Chino.
“Para las universidades es un privilegio, no un derecho, matricular estudiantes extranjeros y beneficiarse de sus elevados pagos de matrícula para ayudar a engrosar sus multimillonarias dotaciones”, expresó la funcionaria.
Chuck Ambrose, ex presidente de la Universidad de Central Misuri y consultor educativo, explicó que la medida tendrá un impacto financiero importante para el sector educativo, ya que los alumnos internacionales suelen pagar el costo total de la matrícula y, en algunos casos, subsidian a quienes reciben ayuda económica. Harvard, con un fondo patrimonial de 53 mil 200 millones de dólares en 2024, es la universidad más rica del país.
Ante esta decisión, Harvard respondió que la revocación “es ilegal” y reiteró su compromiso con una comunidad académica global: “Estudiantes y académicos internacionales procedentes de más de 140 países enriquecen a la universidad y al país de forma inconmensurable”.
Por su parte, estudiantes del grupo Demócratas de Harvard calificaron la medida como una estrategia de Trump para “jugar con las vidas de los estudiantes”, y la consideraron “un ejemplo clásico de autoritarismo”.
En otro frente, el juez federal Myong Joun, en Boston, emitió una orden judicial preliminar para impedir que el gobierno desmantele el Departamento de Educación. También instruyó a reinstalar a los empleados despedidos tras los recortes impulsados por Trump con apoyo de Elon Musk, quien funge como asesor del Departamento de Eficiencia Gubernamental.
El gobierno anunció que apelará la decisión judicial. El fallo se dio tras demandas interpuestas por los distritos escolares de Somerville y Easthampton, en Massachusetts, junto con la Federación Estadounidense de Maestros y una coalición de 21 fiscales generales demócratas.
Además, la Suprema Corte, con mayoría conservadora, rechazó una solicitud para permitir que una escuela religiosa reciba financiamiento público. La Iglesia católica de Oklahoma pretendía abrir la Escuela Virtual Católica San Isidoro de Sevill como el primer colegio religioso del país con subvención estatal, pero el máximo tribunal mantuvo la prohibición dictada por un tribunal inferior.
