Las comisiones unidas del Senado han aprobado por unanimidad, con 33 votos a favor, una reforma constitucional que implementa un nuevo esquema para la vivienda de interés social dirigido a trabajadores del sector privado. Esta iniciativa permitirá que los institutos federales de apoyo a la vivienda retomen la construcción de estas casas y establece un modelo que facilita el alquiler con opción de compra.
Durante la discusión, María Guadalupe Chavira, de Morena, resaltó que esta reforma representa una oportunidad significativa para los trabajadores que cotizan al Infonavit, subrayando que muchos han lidiado con la carga de pagos excesivos en los últimos años. La iniciativa busca eliminar esta injusticia y mejorar el acceso a viviendas dignas, además de enfatizar la necesidad de avanzar en la escrituración para asegurar la propiedad.
Mayuli Ltifa Martínez, del PAN, señaló que la reforma podría ser clave para abordar el problema del acceso a vivienda digna mediante créditos accesibles. Destacó que el precio promedio de una vivienda es de un millón 700 mil pesos, con incrementos anuales de hasta un 5%, lo que dificulta el acceso para muchos. Aunque reconoció aspectos positivos como la posibilidad de alquilar con opción a compra, pidió aclarar los términos de “renta social” y “vivienda adecuada”.
Mely Romero, del PRI, mostró su apoyo al dictamen, indicando la evidente necesidad de vivienda, ya que muchas familias viven en espacios reducidos. Afirmó que hay un gran número de viviendas abandonadas y lotes vacíos, y que la reforma facilitará el acceso a créditos para adquirir o mejorar viviendas. No obstante, hizo hincapié en la importancia de incluir a trabajadores del sector informal, donde hay muchos jóvenes.
Luis Armando Melgar, del Partido Verde y presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, también respaldó la reforma, mencionando que el 58% de las casas requieren mejoras y que existe un déficit de 8.2 millones de viviendas en México, representando el 23.3% del total.
Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo, expresó su apoyo, advirtiendo que el déficit de vivienda es alarmante a pesar de los avances recientes. Recordó que en 2020 se reformó la ley para entregar créditos de vivienda directamente y que en 2023 se legisló para facilitar el acceso a estos créditos a trabajadoras del hogar y migrantes.
Finalmente, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, consideró la reforma positiva, aunque manifestó su preocupación por la gran cantidad de trabajadores en la informalidad que no están contemplados en el dictamen y la ausencia de menciones sobre la autoconstrucción, lo que podría perpetuar asentamientos irregulares.
