Rechazan impuesto de 1.5% a plataformas digitales impulsado por Maru Campos.

Pretendía cobrar 1.5% a comisiones por cada viaje de traslado de bienes, servicios y alimentos, en perjuicio de repartidores y Mipymes.

La presión de organismos que promueven el ecosistema digital tumbó la intención de crear un impuesto de 1.5% a plataformas digitales de reparto, propuesto por la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

  • La Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado notificó sobre el retiro de la propuesta contenida en el proyecto de miscelánea fiscal 2025, a la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda del Congreso del Estado.
  • El proyecto presentado por la gobernadora incluyó agregar un “aprovechamiento” de 1.5% en el artículo 96.1 de la Ley de Hacienda, por cada viaje de traslado de bienes o mercancías solicitado mediante plataformas digitales.
  • La propuesta fue criticada por la Asociación Latinoamericana de Internet y la Alianza In MX, que representa a plataformas como DiDi, Rappi y Uber Eats, por considerar que el cobro propuesto impactaría directamente las ganancias de los repartidores y repartidoras.
  • El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, había fijado una postura en contra del nuevo impuesto.

Por qué es importante: El retiro de la propuesta del nuevo impuesto se suma a la cancelación de un pretendido aumento del 3 al 4% al Impuesto Sobre Nóminas, que generó un rechazo generalizado por parte de organismos privados.

Antecedentes: La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) había expresado su preocupación por la propuesta de crear un “aprovechamiento” del 1.5% a las comisiones cobradas por las plataformas digitales de reparto de alimentos y otros bienes.

  • La propuesta no solo reproduce un esquema tributario previamente declarado inconstitucional en la Ciudad de México, sino que también:
  • Genera discriminación contra las PyMEs, las cuales dependen en mayor medida de las plataformas digitales para competir en igualdad de condiciones frente a grandes empresas con capacidades propias de reparto.
  • Impacta negativamente a repartidores, consumidores y pequeños comercios, encareciendo los servicios de reparto, disminuyendo las ganancias de los repartidores y afectando la competitividad del sector restaurantero, compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas.
  • Viola acuerdos internacionales, incluyendo los compromisos de los países de la OCDE de no imponer nuevos gravámenes a la economía digital y potencialmente el capítulo de comercio electrónico del T MEC.
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