La Cámara de Diputados presentó el dictamen de la reforma que propone la extinción de siete organismos autónomos, asignando sus funciones a diversas secretarías y entidades del gobierno federal. Este dictamen, junto con otros proyectos de ley sobre la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y la ley general de bienestar animal, se discutirá y votará la próxima semana.
En el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la propuesta asigna sus funciones a la Secretaría de la Función Pública, que pasará a llamarse Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Además, se contempla que el órgano de control del Poder Judicial y las contralorías del Congreso de la Unión también asuman estas tareas en un esquema que se replicará en los estados.
Frente a esta iniciativa, los comisionados del INAI expresaron su intención de continuar el diálogo con los legisladores para defender la existencia del organismo. “Seguiremos, hasta el último aliento, insistiendo en la necesidad de la prevalencia de esta institución del Estado mexicano”, señaló el comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, durante el foro internacional de Buenas Prácticas en materia de Lenguaje Claro y Accesible celebrado en la sede del INAI. “No podemos olvidarlo ni ocultarlo, pero hoy se da la primera lectura a la iniciativa que pretende la eliminación del órgano garante. Hay que reconocer lo que se ha hecho y no por nada la última encuesta nacional de Percepción y Evaluación Gubernamental 2023 del Inegi señala que las mexicanas y los mexicanos tienen alta confianza en los órganos constitucionales autónomos, tan sólo detrás de sus familias, sus vecinos y escuelas públicas”, añadió Alcalá.
Otros cambios propuestos en el dictamen incluyen que el Instituto Nacional Electoral asuma temas relacionados con partidos políticos, y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje gestionen asuntos de sindicatos. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes quedará a cargo de las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Asimismo, la Secretaría de Economía recibiría las responsabilidades de la Comisión Federal de Competencia Económica, mientras que las tareas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social pasarían al Inegi. Las actividades de las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía serían transferidas a la Secretaría de Energía, y la Secretaría de Educación Pública asumiría las funciones de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
