Margaret Satterthwaite, Relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, se dijo esta semana preocupada sobre cómo “la reducción arbitraria de los salarios judiciales y una intromisión mayor en la capacidad presupuestaria independiente de la judicatura lesionará la independencia judicial en México”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió esta mañana a la postura de la Relatora de Naciones Unidas, que esta semana cuestionó la reforma al Poder Judicial promovida por la actual administración, asegurando que este tipo de organismos “no actúa con responsabilidad” y son improductivos.
“No voy a responder, porque la ONU y estos grupos no actúan con responsabilidad. Muchos de estos conflictos se originan porque no los atienden estos organismos ni la ONU, hay un dicho político que se aplica en el caso: ‘Problema que se soslaya, estalla’”, señaló el mandatario desde el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional.
“Hay demasiada diplomacia improductiva en la ONU y todos los organismos que dependen de la ONU. Mucho turismo diplomático. Y es lo que sucede en estos casos, no es para tomarlos en serio, ¿cómo va a opinar de nuestro país? Si de acuerdo a la Constitución somos un país independiente y los poderes legalmente constituidos pueden llevar a cabo reformar, para qué es entonces el Poder Legislativo, qué validez tiene la Constitución”, argumentó.
Por ello, el Presidente López Obrador cuestionó: “¿Por qué se meten? Si es un asunto que tiene que ver con la Constitución, que el Ejecutivo puede presentar iniciativas de ley para reformar la Constitución, es el sustento de la democracia, lo mismo el Legislativo. ¿Dónde está lo ilegal? Es algo elemental. Que no les guste, no sé a qué intereses representa. Es un problema de cómo las oligarquías en el mundo han ido controlando a todos estos organismos”.
“Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo en contra de ciertos jueces, en las cuales se ha expresado desacuerdo con las decisiones adoptadas por dichos jueces”.
Así dice el quinto párrafo del informe de la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas (ONU) en relación al paquete de iniciativas de reforma presentadas el 5 de febrero de 2024 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados, las “cuales –agrega ella– podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana, en particular de las cortes federales de México en caso de ser promulgadas sin modificaciones sustanciales”.
Margaret Satterthwaite se dice preocupada sobre cómo “la reducción arbitraria de los salarios judiciales y una intromisión mayor en la capacidad presupuestaria independiente de la judicatura lesionará la independencia judicial en México”.
“Estas preocupaciones se intensificarían en el contexto de desconfianza que podría existir alrededor de los procesos de selección judicial que se llevan a cabo en medio de alegaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil”, refiere.
La relatora especial de la ONU indica que las reformas propuestas por el Presidente López Obrador no especifican los criterios aplicables a la selección de candidatos por cada rama de gobierno. Tampoco, dice, incluyen disposiciones relacionadas con el umbral de votos necesario para garantizar la legitimidad de las elecciones.
“Las modificaciones propuestas carecen de un mecanismo transparente, independiente y accesible que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad. Al contrario, la iniciativa de reforma traslada al Senado la responsabilidad de verificar que los candidatos a Magistrado de Circuito y Jueces de Distrito cumplan con los requisitos de elegibilidad el Artículo 95 de la Constitución”, refiere.
Satterthwaite sostiene que al atribuir esta responsabilidad a “una entidad política como el Senado”, la iniciativa de reforma no asegura una participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de selección de candidatos. “Al asignar al Senado la tarea de verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad constitucionales y legales, la reforma permitiría un aumento en la influencia del Poder Legislativo en el proceso de selección judicial”.
Crédito: SINEMBARGO
