La jueza de control Guadalupe Patricia Juárez Hernández autorizó que los policías Juan Peralta Alavés y Carlos Guerrero Romero, señalados por la muerte de seis personas y 27 heridos durante el operativo fallido en Asunción Nochixtlán en 2016, continúen su proceso en libertad. La decisión fue justificada por el tiempo que los imputados llevaban en prisión preventiva, más de dos años, y los retrasos del juicio, que la jueza atribuyó a causas ajenas a ellos.
El Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) criticó la resolución, argumentando que los retrasos se deben a tácticas legales dilatorias presentadas por los acusados. Además, cuestionaron la afirmación de la jueza de que el caso “no es complejo”, señalando que esta afirmación contradice la falta de resolución en más de siete años.
Las nuevas medidas cautelares incluyen la presentación quincenal de los acusados ante el juzgado y el pago de multas de 20,000 y 10,000 pesos, respectivamente, aunque no se aclaró el criterio para determinar las cantidades.
Santiago Ambrosio, líder del Covic, expresó preocupación por la seguridad de las víctimas y testigos, al tratarse de exmandos policiacos con influencia y conexiones que podrían usar para intimidar. También señaló que la resolución refleja una tendencia a proteger a los acusados en lugar de priorizar la justicia para las víctimas, sentando un precedente preocupante para la impartición de justicia en Oaxaca y el país.
