La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció este domingo un aumento en la persecución contra medios de comunicación y defensores de derechos humanos, a quienes el gobierno del presidente Nayib Bukele busca silenciar a través de amenazas, vigilancia y medidas legales, generando un ambiente de “temor” en el país.
“El gobierno (de Bukele) y su fiscalía han protagonizado una escalada autoritaria”, afirmó APES en un comunicado, en el que advierte que “mayo ha sido un mes de persecución, criminalización y asfixia de todas las voces críticas o disidentes que trabajan en la defensa de derechos humanos o en la prensa no alineada” al Ejecutivo.
La denuncia coincide con las críticas de organismos internacionales que han acusado al gobierno salvadoreño de violaciones a derechos humanos como resultado de su política de seguridad. En las últimas semanas, las detenciones de figuras como la abogada Ruth López, quien documentó presuntos casos de corrupción y asistía a migrantes deportados, y del abogado ambientalista Alejandro Henríquez, el pastor José Pérez y el activista Fidel Zavala, han generado alarma por lo que muchos consideran un patrón de represión sistemática.
Según APES, al menos una docena de personas han salido del país recientemente ante el riesgo de ser detenidas arbitrariamente. La asociación exigió al gobierno “dejar de sembrar incertidumbre” y pidió a la fiscalía y a la policía “que dejen de prestarse a la persecución” de voces disidentes.
El contexto se agrava con la reciente aprobación legislativa de una ley impulsada por Bukele que obliga a las organizaciones no gubernamentales a registrarse como “agentes extranjeros” y a pagar un impuesto del 30 % por las donaciones que reciban, medida que ha sido ampliamente cuestionada por restringir la labor de la sociedad civil.
Pese a estas acciones, Bukele continúa gozando de altos niveles de aprobación gracias a la notable disminución de los homicidios atribuidos a su estrategia contra las pandillas. Sin embargo, su creciente concentración de poder y las denuncias de autoritarismo han despertado preocupación a nivel internacional.
Una de las situaciones más graves involucra al medio independiente El Faro. El pasado 1 de mayo, el sitio publicó una investigación que señala presuntas negociaciones clandestinas entre funcionarios del gobierno y líderes de pandillas, las cuales habrían sido clave en el ascenso político de Bukele. Tras la publicación, los periodistas del medio denunciaron amenazas de muerte, campañas de difamación, vigilancia con drones, vehículos sospechosos y el posible intento de la fiscalía de emitir órdenes de arresto contra al menos siete miembros de su equipo.
“La persecución a los periodistas de El Faro no es un incidente aislado, sino parte de una política estatal para silenciar a la prensa”, afirmó APES. En 2024, la organización registró 789 ataques contra periodistas, un aumento del 154 % respecto al año anterior. El 70 % de estas agresiones fueron perpetradas por instituciones estatales, cuerpos de seguridad o funcionarios públicos.
Desde 2019, El Faro ha sido objeto de acoso sistemático. En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 34 de sus integrantes. Ese mismo año, se descubrió que al menos 22 periodistas del medio habían sido espiados con el software Pegasus. Aunque parte del equipo trabaja desde Costa Rica desde 2023, continúa enfrentando presiones, investigaciones fiscales y hostigamiento digital.
La Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión respondió a las denuncias señalando: “El principio de legalidad aplica en nuestro país para todos los ciudadanos, incluidos los periodistas. Si se presentan acusaciones contra alguien, corresponde a las instituciones competentes asegurar el debido proceso y la presunción de inocencia”. No obstante, las cifras de ataques y las constantes amenazas refuerzan la preocupación por la falta de garantías para el ejercicio del periodismo en El Salvador.
La represión oficial, sumada al deterioro de la libertad de prensa —El Salvador ha caído 61 posiciones en el ranking de Reporteros Sin Fronteras en los últimos cinco años—, evidencia el grave retroceso democrático que enfrenta el país bajo el actual gobierno.
