La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad el dictamen en materia de austeridad para que ningún servidor público tenga un salario mayor al del Presidente.
Esto en medio de la discusión de las reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso el pasado 5 de febrero y que forman parte del Plan C de la 4T.
El dictamen, que modifica los artículos 73, 94, 116, 122, 127 y 134, estipula que la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación, no podrá ser mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente y no será disminuida durante su encargo.
Determina que la remuneración integral del presidente de la República incluirá todas las percepciones en efectivo o en especie y no podrá exceder el equivalente a 73.04 (setenta y tres punto cero cuatro) veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Considera que las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie, identificando los montos equivalentes a cada concepto, así como el monto mensual que corresponda. La ley en la materia establecerá los formatos homologados donde se deba elaborar y publicar dicha información.
Además, los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán bajo el principio de austeridad republicana y en los términos que establezca la ley.
Los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.
Al respecto, Jorge Triana Tena, diputado del PAN, destacó que el dictamen pone en orden la legalidad de las prestaciones a los servidores públicos; no obstante, planteó que las acciones de austeridad sean parejas y para todos, e indicó que el presidente tiene un salario de 136 mil 739 pesos, pero no se toman en cuenta prestaciones como el fondo de seguridad social, de ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldo, gratificación y compensación garantizada, ayuda de despensa.
“Si se hace la suma, el Ejecutivo tiene una remuneración de casi medio millón de pesos al mes”, señaló.
En tanto, la diputada del PRI Cynthia Iliana López Castro se manifestó a favor de que nadie pueda ganar como servidor público más que el presidente de la República. “Me parece justo que los maestros, obreros y de hospitales puedan ganar más y que no sea esta disparidad tan grande con la gente que gana 8 mil o 12 mil pesos al mes mientras que un servidor gana 10 o 12 veces más”.
Mientras que Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, subrayó que esta reforma constitucional es una redundancia obligada porque ha habido varios servidores públicos, particularmente del Poder Judicial de la Federación, que se han negado a ajustar sus ingresos a lo que dice la Constitución de que nadie debe ganar más que el presidente de la República.
“Celebro la reforma que va a obligar al Poder Judicial a ceñirse a lo establecido en la Constitución”.
Crédito: POLÍTICO MX
