El Instituto Nacional de Migración (INM) entregó, a través de la Plataforma de Transparencia, un informe sobre el operativo realizado el 18 de enero en un campamento migrante de Chihuahua. Sin embargo, el documento omite información clave, como el incendio registrado durante el procedimiento y el número total de personas presentes en el sitio, donde se estima que había alrededor de 150 migrantes.
Según el INM, en el operativo fueron detenidas 11 personas de nacionalidad venezolana, incluyendo seis menores de edad. No obstante, un informe de la Secretaría de Seguridad Pública estatal contradice estos datos, reportando la detención de 39 migrantes, 17 de ellos menores de edad. Además, se señala que algunos de los detenidos no formaban parte del campamento, ubicado en el bulevar Juan Pablo II.
Retrasos en la entrega de información y reserva de datos
El INM tardó un mes y medio en responder a la solicitud de transparencia, entregando el acta circunstanciada del operativo el mismo día en que vencía el plazo de prórroga. En el documento, la institución reservó por cinco años los nombres de los agentes federales involucrados, argumentando que su identificación podría representar un riesgo para su seguridad. También ocultó la identidad de las personas verificadas y de los testigos.
El operativo, ejecutado a la medianoche del 18 de enero, estuvo a cargo de Beatriz Fabián Arbayo, jefa del Departamento de Verificación Migratoria del INM en Chihuahua, y contó con la participación de 38 agentes del INM, así como de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Municipal, Protección Civil, Bomberos y el Servicio de Emergencia.
Falta de observadores de derechos humanos y procedimiento del INM
El informe confirma que no hubo presencia de organismos de derechos humanos durante la diligencia, a pesar de que diversas organizaciones habían señalado previamente su exclusión del operativo. En su lugar, solo se registró la presencia de dos testigos designados por la copropietaria del predio donde se encontraba el campamento.
De acuerdo con el acta circunstanciada, la verificación migratoria se llevó a cabo en un inmueble de la colonia Industrial Robinson, donde la propietaria del terreno permitió el acceso de los agentes. Los migrantes detenidos fueron trasladados a un centro de “rescate” en la misma ciudad para resolver su situación migratoria, aunque el informe no detalla qué ocurrió con el resto de las personas desalojadas ni las condiciones en las que quedaron tras el operativo.
