El gobierno federal presentó un conjunto de reformas destinadas a mejorar los mecanismos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en México. La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, anunció cambios en la Ley General de Población y la Ley Federal de Personas Desaparecidas, los cuales incluyen la creación de una Plataforma Única de Identidad basada en la Clave Única de Registro de Población (CURP), que incorporará fotografía y huellas dactilares para garantizar una identificación oficial más efectiva.
Como parte de estas modificaciones, se establecerá la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas, que deberá ser actualizada de manera obligatoria por la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales. Estas instituciones estarán obligadas a contar con unidades especializadas en búsqueda y a compartir en tiempo real la información que recaben.
Godoy subrayó que la iniciativa busca eliminar los retrasos en la apertura de investigaciones por desaparición, erradicando la práctica de esperar 72 horas para comenzar la búsqueda. Para ello, se implementará un sistema nacional de intercambio de información, que permitirá la consulta en tiempo real entre autoridades federales, estatales y privadas, agilizando las investigaciones.
La Plataforma Única de Identidad será clave en estos cambios, ya que facilitará el acceso inmediato a los datos ciudadanos por parte de las autoridades. Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá la obligación de proporcionar información relevante al gabinete de seguridad en casos de búsqueda. Con esta reforma, todos los ciudadanos contarán con su CURP desde el nacimiento, ya sea en formato físico o digital.
Una vez consolidada la base de datos con fotografía y huellas dactilares, la CURP será requisito obligatorio para realizar trámites oficiales. Asimismo, se establecerá que todas las fiscalías estatales deberán contar con unidades especializadas en búsqueda inmediata, análisis cibernético y atención a víctimas, garantizando que su personal cumpla con perfiles mínimos de capacitación.
Entre las acciones más relevantes de estas reformas se incluyen:
- Actualización obligatoria del Banco Nacional de Datos Forenses a cargo de la FGR.
- Fortalecimiento de las fiscalías estatales en tareas de búsqueda y localización.
- Participación del sector privado en la generación y compartición de información.
- Aumento de penas para el delito de desaparición forzada.
- Reorganización del Registro Nacional de Personas No Localizadas y Desaparecidas para mejorar su funcionamiento.
- Creación del Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, con mecanismos de respuesta inmediata.
Las reformas representan un esfuerzo por mejorar la coordinación interinstitucional y el uso de tecnología en las investigaciones de desaparición, con el objetivo de ofrecer respuestas más rápidas y eficaces a las familias de las víctimas.
