El gobierno de México presentó ayer ante la Suprema Corte de Estados Unidos sus argumentos en la demanda contra ocho fabricantes de armas, a quienes responsabiliza por prácticas comerciales negligentes que facilitan el tráfico ilícito de estos productos a territorio mexicano, contribuyendo a la violencia y afectando a la población.
Durante la audiencia, México sostuvo que la actuación de estas empresas permite que sus armas lleguen a manos de grupos criminales en el país, por lo que no deberían estar protegidas por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos, que impide que los fabricantes sean demandados por el uso indebido de sus productos.
Antes de la audiencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó en su conferencia matutina que un informe del Departamento de Justicia de EE.UU., publicado en enero, confirma que el 74 % de las armas incautadas en México provienen ilegalmente de Estados Unidos. La mandataria subrayó que este dato es una prueba contundente en favor de México ante la Suprema Corte.
La demanda fue interpuesta en 2021, pero en un primer fallo fue desechada. Sin embargo, en 2024 un tribunal de apelaciones permitió su continuidad, lo que llevó a las empresas demandadas a solicitar la intervención de la Suprema Corte para frenar el litigio.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró la confianza del gobierno mexicano en la solidez de sus argumentos jurídicos y aclaró que la demanda no cuestiona la Segunda Enmienda ni el derecho de los estadounidenses a portar armas, sino que se centra en la responsabilidad de los fabricantes por el tráfico ilícito derivado de sus prácticas comerciales.
Se espera que la Suprema Corte de EE.UU. emita su resolución hacia finales del segundo trimestre del año.
Representando a México en este litigio estuvieron los abogados Jonathan Lowy, presidente de Global Action on Gun Violence, y Steve Shadowen, acompañados por el consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha Olabuenaga, y Fadia Ibrahim, directora de Litigios sobre Privilegios e Inmunidades de la SRE. Los argumentos orales fueron expuestos por la abogada Cate Stetson, integrante del equipo legal de México.
