Al igual que el Ejército, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua adquirieron licencias para vigilar o extraer información de celulares y computadoras de ciudadanos bajo vigilancia, exhibe investigación periodística
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Comisión Estatal de Búsqueda del gobierno de Chihuahua adquirieron licencias de dispositivos para vigilar geolocalizaciones y extraer archivos de celulares y computadoras de ciudadanos.
Esto es revelado como parte de una investigación de Animal Político en la cual exponer que de 2018 a 2023, el Ejército y 37 Fiscalías, policías y Comisiones de Búsqueda estatales contrataron 168 licencias de dispositivos para vigilar geolocalización de ciudadanos y extraer archivos. Esto implicó un gasto conjunto de 459 millones 974 mil pesos.
Se trata de 22 Fiscalías de estados como Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Aguascalientes, Veracruz, Yucatán, Jalisco; seis Secretarías de Seguridad locales; seis Comisiones de Búsqueda de Tabasco, Puebla, Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua y Aguascalientes; la Policía Cibernética de Aguascalientes, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de Jalisco y la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, se expone en la investigación realizada por los periodistas René Valencia y Karla Cejudo.
En el caso de Chihuahua, la investigación periodística revela que la Comisión Estatal de Búsqueda adquirió el software Módulo GIO+, una plataforma que además de rastrear teléfonos en tiempo real, puede infectar dispositivos con sistemas operativos Android e iOS.
En tanto que la SSPE compró el software Forensic Recovery of Evidence Device (FRED) de Digital Intelligence, una plataforma de inteligencia digital especializada en el análisis forense.
Esta información de las instituciones públicas del gobierno de Chihuahua se obtuvieron con solicitudes de acceso a la información y consultas a expertos en seguridad digital. Las instituciones estatales negaron poseer información recabada con estos software o la clasificaron como reservada.
Aunque la justificación de esas compras fue reforzar las labores de investigación de delitos, ayudar en la búsqueda de desaparecidos o personas en riesgo, ninguna de las instituciones detuvo a presuntos delincuentes, halló o rescató a víctimas, pese a que son las únicas razones por las que podrían hacer esas vigilancias, de acuerdo con la información que proporcionaron, señala Animal Político.
Esta investigación revela que existen al menos 20 intermediarios de las empresas fabricantes, la mayoría israelíes, que vendieron softwares y dispositivos de vigilancia a gobiernos locales y Federal entre 2018 y 2023.
Animal Político, con apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR), revisó cientos de contratos, presentó 710 solicitudes de acceso a la información y consultó a expertos en seguridad digital para confirmar que autoridades de 23 estados del país adquirieron softwares para vigilar a ciudadanos.
Los dispositivos o softwares son capaces de, por ejemplo, ubicar teléfonos celulares en tiempo real e incluso permite configurar zonas geográficas para detectar cuando un dispositivo entra o sale de determinado perímetro, como lo hizo la Fiscalía de la Ciudad de México con el software TGR Dashboard.
Mientras que los dispositivos UFED 4PC o versiones Touch, utilizado por la Sedena, las Fiscalías de Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Querétaro y Sinaloa, puede vulnerar la seguridad de los teléfonos y extraerles información personal, visualizarla y analizarla.
La Fiscalía de Aguascalientes y la Comisión de Búsqueda de Chihuahua adquirieron el Módulo GIO+, una plataforma que además de rastrear teléfonos en tiempo real, puede infectar dispositivos con sistemas operativos Android e iOS.
Entre todas las autoridades gastaron 459 millones 974 mil pesos en la adquisición de dichas tecnologías, pese a que esto no se tradujo en resultados en el combate a la delincuencia.
Animal Político solicitó postura a cada una de las instituciones mencionadas mediante sus correos institucionales o con las áreas de prensa, pero ninguna aceptó dar entrevista o responder sobre el número de veces que usaron los softwares y dispositivos, las autorizaciones judiciales que solicitaron o el resultado de las vigilancias.
Crédito: LA VERDAD JUÁREZ
