221024
NACIONAL
Este lunes, Karla María Macías Lovera, jueza Novena de Distrito en Guanajuato, concedió la suspensión definitiva de la transferencia de la operación y administración de la Guardia Nacional por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esto luego de otorgar un amparo al ciudadano Ángel Castro Gómez, defensor de derechos humanos y representante de la organización “Uniendo Caminos México”, quien afirmó tener interés en impugnar el decreto al representar una amenaza para el ejercicio de actividades de protección de los derechos humanos, dado que, como señala el artículo 21 de la Constitución, la seguridad pública es una función del Estado de naturaleza civil a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios.
Asimismo, Macías Lovera indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el uso de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad o violencia interna debe estar limitada al máximo por los Estados, ya que el enfoque del entrenamiento de las fuerzas policiales y las armadas es diametralmente distinto.
Por lo mismo, la jueza aseguró que la suspensión definitiva del decreto debe otorgarse con base en las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como en precedentes de la Corte Interamericana. También indicó que en caso de que la transferencia haya comenzado, se deberán restituir todos los recursos de la Guardia Nacional a la SSPC.
“Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”, enfatizó Macías Lovera.
