Un juez federal de Estados Unidos ordenó este lunes al gobierno de Donald Trump que aclare si violó una orden judicial al deportar a cientos de presuntos pandilleros venezolanos hacia El Salvador, donde fueron recluidos en la megacárcel del presidente Nayib Bukele. Esta situación podría abrir un conflicto constitucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial de EE.UU.
La Casa Blanca defendió la medida, argumentando que los tribunales federales “no tienen jurisdicción” sobre las decisiones presidenciales en cuanto a la expulsión de extranjeros bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma empleada históricamente solo en tiempos de guerra.
El juez James Boasberg, quien preside el caso en Washington, fijó una audiencia para la tarde de este lunes y pidió al gobierno proporcionar detalles sobre si los vuelos con los venezolanos partieron antes o después de su orden. La audiencia se convocó tras una solicitud de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros defensores de derechos humanos, que buscan determinar si se incumplió la orden judicial.
Este caso podría escalar, generando un desafío a la independencia judicial y poniendo a prueba los límites de la autoridad presidencial en EE.UU.
El sábado, tras una audiencia de emergencia solicitada por la ACLU, Boasberg emitió un bloqueo temporal de dos semanas sobre la deportación de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana. El juez ordenó que los vuelos ya en ruta regresaran a EE.UU. Su resolución quedó registrada a las 7:26 p.m. en el expediente judicial, según el Departamento de Justicia.
A pesar de esta orden, el presidente Bukele publicó en X imágenes de los deportados descendiendo de un avión en plena noche, con el mensaje: *”Upsie… demasiado tarde”*. En sus publicaciones también mostró fotos y videos de los migrantes sin papeles, encadenados y luego rapados.
En respuesta, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó que la administración hubiera desobedecido la orden del juez y cuestionó la autoridad de Boasberg para emitirla. *”Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un avión (…) lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de suelo estadounidense”*, expresó Leavitt.
