El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un presupuesto precautorio de 13 mil 205 millones de pesos para la eventual organización de la elección judicial, aunque el proceso permanece en pausa debido a suspensiones judiciales. Las consejerías destacaron que el avance del proyecto sigue a la espera de resoluciones judiciales, incluida una acción de inconstitucionalidad que será discutida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo 5 de noviembre.
El presupuesto precautorio, que supera los 8 mil millones de pesos destinados a la elección federal de 2024, se mantendrá sujeto a ajustes conforme avance la resolución judicial en curso. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, explicó que la previsión presupuestaria se elaboró considerando la instalación de aproximadamente 170 mil casillas y la necesidad de proveer al menos seis boletas por votante, junto con la adquisición de materiales como mamparas y urnas. “El costo, hasta donde llegaron los análisis de este Instituto, tiene que ver con la adquisición de si pensamos instalar todas las casillas (170 mil) y al menos tendríamos seis boletas por otorgarle a los votantes; tendríamos que adquirir nuevo material, mamparas y demás”, detalló Taddei.
En paralelo, el Consejo General también aprobó el presupuesto base y la cartera institucional de proyectos para el ejercicio fiscal 2025, que asciende a 15 mil 295 millones 882 mil 494 pesos, sin incluir las prerrogativas para los partidos políticos.
La consejera Claudia Zavala recordó que el proceso electoral está sujeto a múltiples determinaciones judiciales en torno a la reforma judicial, por lo que la aprobación del presupuesto precautorio no interfiere con las suspensiones. “Evidentemente, si hay algún cambio, alguna modificación, en consecuencia el INE tendrá que actuar para que pueda ajustarse esta previsión, que por lo pronto lo estamos haciendo de forma precautoria”, afirmó Zavala.
A su vez, la consejera Dania Ravel señaló que las suspensiones dictadas por juzgados de distrito han detenido actividades clave, como la aprobación del marco geográfico electoral, fundamental para el inicio de labores de organización y capacitación.
En el debate, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, exhortó a las consejerías a explorar alternativas que permitan “hacer más económico” el proceso electoral, sin comprometer la calidad ni la confiabilidad.
Desde el PAN, el representante Víctor Hugo Sondón instó a las consejerías a “defender la autonomía de manera frontal y responsable”, evitando cualquier presión en el ejercicio del presupuesto.
El diputado Emilio Suárez Licona, del PRI, criticó el costo de 13 mil millones de pesos para la elección judicial, señalando que estos recursos podrían destinarse a otras prioridades nacionales, como 16 hospitales integrales, 90 mil tratamientos de cáncer de mama, 11 campus universitarios o 153 preparatorias.
