El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, denunció este jueves en la conferencia matutina que de 2024 a mayo de este año se han registrado 193 determinaciones judiciales que han favorecido a presuntos delincuentes, permitiendo su liberación o traslado a centros penitenciarios de menor seguridad.
Según detalló, estas resoluciones han derivado en “164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles, además de 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios, sin que se cumplieran con las formalidades del proceso”.
Subrayó que en varios de estos casos la propia Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la SSPC había considerado no viables los traslados debido a la peligrosidad de las personas involucradas, quienes enfrentan procesos por delitos como secuestro, homicidio, privación ilegal de la libertad y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
“Por ello, en su mayoría estos sujetos requerían medidas de seguridad específicas que no fueron tomadas en cuenta para sus traslados a penales de mínima seguridad”, explicó.
Durante su intervención, García Harfuch exhibió a varios jueces responsables de estas resoluciones, entre ellos Gregorio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México. Lo señaló por autorizar medidas que beneficiaron a procesados por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y corrupción.
Uno de los casos que mencionó fue el de Gerardo Ponce Alaniz, presunto líder del Cártel del Pacífico, quien fue trasladado al penal estatal de Aguaruto, Sinaloa, bajo la figura de prisión preventiva. En dicho penal, recientemente se llevó a cabo un operativo en el que se decomisaron armas de fuego, drogas, cuchillos, dinero en efectivo, entre otros objetos.
También recordó que en enero de 2023, el mismo juez ordenó la libertad de Mario Alberto “N”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén; en marzo de 2024 dictó no vinculación a proceso a Juan Enrique “N”, alias “La Pingua”, operador del Cártel del Golfo; y en noviembre de 2024 revocó la prisión preventiva a José Alfredo “N”, alias “El Contador”, así como a Eduardo Alejandro “N”, ambos vinculados con la misma organización.
De los 18 jueces que autorizaron traslados, destacó a Silvestre Peña Crespo, quien emitió cinco resoluciones de traslado de personas acusadas de delitos de alto impacto. En cuanto a cambios de medida cautelar, señaló a Enrique Hernández Miranda, de Sonora, con 58 resoluciones, y a Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15.
El secretario indicó que entre octubre de 2024 y abril de 2025 fueron liberadas 26 personas vinculadas a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, Zetas y Los Rojos. Ejemplificó con el caso de José Alonso “N”, colaborador de Kevin “N”, alias “El 200”, jefe de seguridad de “Los Chapitos”, quien fue detenido en febrero de este año pero no fue vinculado a proceso por decisión judicial.
“Ustedes saben el esfuerzo que realizan nuestros compañeros y compañeras de las diferentes instituciones de seguridad para llevar a cabo estas detenciones, donde muchas veces ponen en riesgo sus propias vidas. Por ello es inaceptable que órganos jurisdiccionales cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes”, declaró.
Finalmente, destacó que en los primeros siete meses del actual gobierno se han detenido a más de 20 mil personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de 154 toneladas de droga y más de 10 mil armas de fuego.
