La senadora Ernestina Godoy, quien recientemente asumió el cargo de titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, anunció su intención de informar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sobre la actuación de ciertos jueces que han concedido amparos para frenar la aprobación y publicación de la reforma constitucional en materia judicial. Godoy enfatizó que “deben actuar con imparcialidad y profesionalismo y no lo están haciendo”.
La nueva titular de la Consejería Jurídica destacó que los jueces han sobrepasado sus facultades, ya que no tienen la atribución de interrumpir el trabajo del Legislativo. “Los juzgadores asumieron facultades que no les corresponden,” señaló, agregando que esta situación viola la división de poderes.
Godoy se refirió a las decisiones de los juzgados tercero de distrito de amparo y juicios especiales de Chiapas y el quinto de distrito de Morelos, que otorgaron amparos contra la discusión de la reforma judicial en septiembre, así como del segundo juzgado de distrito de Colima, que impidió la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación. En este contexto, Godoy calificó estas acciones de “improcedentes” y resaltó que intentaron “detener el proceso parlamentario que llevó a cabo el Congreso”.
Al ser preguntada sobre posibles sanciones para los jueces involucrados, Godoy afirmó: “Nosotros vamos a hacer del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal esa actuación y también del Congreso de la Unión, a fin de que se determine si están actuando bien.”
Respecto a la posibilidad de un juicio político, señaló que “puede, si el Congreso considera que es una falta grave”, y aseguró que se tomarán las medidas pertinentes.
Por último, Godoy comentó que se están preparando las acciones necesarias para acudir al CJF, y que estará atenta a los recursos planteados contra las modificaciones a la Carta Magna que permiten la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, incluyendo las consultas que la Suprema Corte de Justicia ha aceptado para analizar la procedencia de la controversia constitucional relacionada con la reforma judicial.
