El gobierno de Javier Milei, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció al exembajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, por presunta “traición a la patria”. La acusación señala que Laborde realizó gestiones humanitarias no autorizadas para entregar una carta de la madre del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela tras ingresar desde Cúcuta, Colombia. Según el documento oficial, estas acciones habrían excedido las competencias diplomáticas asignadas exclusivamente a la Cancillería.
Laborde afirmó que su intervención fue exclusivamente humanitaria, a solicitud de la madre del gendarme, y negó haber actuado con fines políticos. La denuncia también lo acusa de presunta colaboración con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, lo que ha generado opiniones divididas en el ámbito político.
En otro incidente diplomático, la policía de Buenos Aires retuvo a dos diplomáticos rusos durante un control vehicular. Los diplomáticos se negaron a someterse a pruebas de alcoholemia y regresaron a su embajada escoltados por agentes. La Cancillería intervino en el caso para evitar tensiones mayores, aclarando que los vehículos diplomáticos no deben ser retenidos.
La situación se produce en un contexto complejo para el gobierno argentino, en el que se han presentado ajustes en diversas áreas administrativas y políticas, generando múltiples reacciones tanto a nivel local como internacional.
