El poder judicial de Argentina suspendió este martes el decreto emitido por el presidente Javier Milei, que tenía como objetivo transformar el Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima. La decisión judicial consideró que la medida excedía las facultades presidenciales y constituía un intento de privatización encubierta de la mayor institución financiera del país.
El fallo se basa en la Ley Bases, una legislación que prohíbe la privatización de empresas estratégicas del Estado, como el BNA, Aerolíneas Argentinas y YPF. Esta normativa, vigente desde agosto de 2023, dejó claro que el banco nacional no podía ser objeto de privatización, en línea con los derechos establecidos para proteger a estas entidades clave para la economía del país.
El bloqueo llega en un momento crítico para Milei, cuyo gobierno atraviesa una grave crisis política y económica, acentuada por la caída de su criptomoneda $Libra, que resultó ser una estafa de gran magnitud. Además, el mandatario enfrenta crecientes investigaciones judiciales tanto a nivel nacional como internacional, que han comenzado a involucrar a sus colaboradores más cercanos, incluida su hermana Karina Milei.
Analistas sostienen que Milei está acelerando reformas rápidas y, en muchos casos, perjudiciales para el país, posiblemente en un intento de afianzar su poder ante la posibilidad de verse forzado a renunciar. Entre los primeros en celebrar la decisión judicial estuvo Sergio Palazzo, líder del sindicato bancario, quien destacó que el BNA está claramente excluido de cualquier proceso de privatización según la Ley Bases.
El juez federal Alejo Ramos Padilla afirmó que el decreto presidencial podría haber violado los límites establecidos por el Congreso al delegar ciertas facultades del Legislativo al Ejecutivo, lo que contraviene la Constitución.
El BNA, que representa el 18% de los depósitos privados y el 50% de los públicos, es una pieza fundamental de la infraestructura financiera argentina, con 658 sucursales que sirven a comunidades en todo el país.
Paralelamente, Milei nombró por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para cubrir vacantes en la Corte Suprema, decisión que provocó polémica tras no obtener consenso en el Congreso. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó el nombramiento al afirmar que el funcionamiento de la Corte no puede mantenerse con solo tres jueces.
