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NACIONAL
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los presuntos actos de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se investigan bajo la política de cero impunidad. También refirió que estos actos ilegales se venían haciendo desde el sexenio pasado, incluso la financiera manejo dinero de Liconsa y de algunos gobierno estatales.
“No hay impunidad para nadie ni para mis hijos ni para mi familia ni para nadie. El que cometa un delito y, sobre todo, un acto de corrupción, tiene que ser castigado, sea quien sea, porque la gente fue la que nos puso aquí”, enfatizó el mandatario.
Por su parte, durante la conferencia matutina de ayer el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, informó que existen 38 denuncias sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento de Liconsa, Diconsa y Segalmex; fueron presentadas por instancias gubernamentales y se encuentran en la Fiscalía General de la República.
“Las denuncias penales presentadas están en etapa de investigación con miras a su judicialización. Principalmente, las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades; las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada”, apuntó el funcionario.
Las autoridades federales informaron que hasta el momento, un servidor público fue vinculado a proceso por invertir 950 millones de pesos, mediante intermediarios financieros, en instrumentos de alto riesgo. Mencionaron que el capital fue recuperado en su totalidad y los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados.
“¿Qué se hizo de inmediato? Recuperar el dinero, esta parte del dinero porque supuestamente ya se hacía y era una financiera seria, responsable; di la instrucción al secretario de Hacienda, todavía estaba Arturo Herrera, que se hablara, no solo con la financiera sino con los que avalan esos créditos que son bancos, que tienen una corresponsabilidad, y se logró que interviniera la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, agregó.
Actualmente, un grupo de trabajo interinstitucional integrado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recaba evidencias que integran investigaciones en curso, mismas que podrían ser puestas a disposición del Poder Judicial y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El titular de la SFP mencionó que, en el ámbito administrativo, se tienen abiertos 618 expedientes por presuntas responsabilidades, de las cuales 38 están vinculadas con las denuncias presentadas.
“Con motivo de las investigaciones se ha cesado a servidores públicos de áreas centrales y operativas en toda la República, sin menoscabo de las acciones legales y administrativas que resulten en su contra”, puntualizó.
