El rescate bancario, realizado en la década de los 90, sigue teniendo un impacto significativo en las finanzas públicas. Según información de la Secretaría de Hacienda, el pago acumulado en intereses asciende a 945 mil 895 millones de pesos, lo que, ajustado por inflación, supera los 2 billones de pesos. Esta cifra ya excede por mucho las previsiones iniciales del entonces presidente Ernesto Zedillo sobre el costo que tendría para los contribuyentes.
Los 2 billones 30 mil 870.11 millones de pesos pagados hasta la fecha en intereses representan el 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, lo que equivale a una quinta parte del presupuesto federal para 2025. Esta cifra es 4.5 veces lo destinado al sector educativo en ese mismo año y más de 30 veces lo asignado a salud, de acuerdo con datos oficiales.
A esta cantidad se añade una deuda pendiente de 1 billón 159 mil 484.8 millones de pesos. Esta deuda está compuesta por 32 mil 220.8 millones correspondientes al programa de apoyo a deudores y un billón 127 mil 264 millones a pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo encargado de gestionar la deuda derivada del Fobaproa desde 1999.
Ambos componentes de la deuda forman parte del Ramo 34 del presupuesto federal, destinado a los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. La mayor parte de esta deuda corresponde al IPAB, cuyos pasivos alcanzaban los 687 mil 844 millones de pesos a finales de 1999. Aunque la deuda neta ha disminuido en términos reales en más de un 50 por ciento, en términos nominales ha crecido a un ritmo casi similar, y los intereses pagados hasta la fecha han sido más del doble que el monto original.
Durante el gobierno de Zedillo, el entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández García, afirmó que el rescate costaría apenas el 5 por ciento del PIB. Sin embargo, los intereses pagados hasta el momento equivalen ya al 6 por ciento del PIB, que alcanzó los 33 billones 913 mil 829.3 millones de pesos al cierre de 2024, según datos del Inegi. A esto se suma el 3.4 por ciento del PIB correspondiente a la deuda aún pendiente, lo que eleva el costo total del rescate a un 9.4 por ciento de la economía nacional.
El IPAB celebra en 2024 sus 25 años de existencia, manteniendo su argumento de que, al no permitir el crecimiento real de los pasivos y conforme la economía crezca, la deuda representará una proporción cada vez menor del PIB, reduciendo así su impacto en las finanzas públicas. Sin embargo, aunque la inflación y el paso del tiempo han ayudado a disminuir el peso de la deuda en términos reales, su proporción respecto al PIB se ha mantenido prácticamente inalterada.
