La Fiscalía General de la República (FGR) alista un paquete de reformas constitucionales y legales con el objetivo de hacer más eficiente el sistema procesal penal en México. Entre los cambios propuestos se encuentra la posibilidad de que cualquier persona o institución pueda solicitar directamente ante un juez el inicio de un proceso penal, sin necesidad de intervención del Ministerio Público, así como la incorporación de nuevos tipos penales, como el desplazamiento y el reclutamiento forzado.
Germán Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), explicó en entrevista con La Jornada que “el marco normativo actual tiene bastantes deficiencias tanto en lo sustantivo como en lo procesal, y por eso la fiscalía se ha abocado a hacer proyectos normativos para tratar de que sea eficiente, funcional y cumpla los objetivos”. Añadió que ya se han presentado propuestas a Ricardo Monreal y a la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, que contemplan modificaciones a alrededor de 21 ordenamientos, incluidos la Constitución y diversas leyes secundarias.
Uno de los ejes de las reformas busca modificar lo relacionado con la extinción de dominio, para que se incluyan las figuras de objeto e instrumento del delito, y no solo los casos de abandono o decomiso. Castillo señaló que esta limitación afecta al 90 por ciento de los casos en que podrían asegurarse bienes a favor del Estado: “Los jueces son muy reacios a declarar el abandono y el decomiso, por lo que deberíamos avanzar en buscar mayor impacto en la riqueza patrimonial de las organizaciones delictivas”.
También se plantea una modificación al tipo penal que castiga el tráfico de armas, ya que actualmente quienes las transportan pueden eludir la ley retirando piezas clave para que no funcionen. “Entonces, aunque los detengas y los quieras procesar, no es delito”, explicó el fiscal.
En el mismo sentido, se busca reformar la Ley de Migración. Actualmente, para acreditar el delito de tráfico de personas, debe demostrarse que el acto se realizó con fines de lucro y para evadir la revisión migratoria. Sin embargo, la Suprema Corte ha establecido que el Instituto Nacional de Migración (INM) solo puede realizar dichas revisiones en puertos de entrada, lo que ha generado vacíos legales. “Aunque llevamos a los detenidos al juez de control, nos dicen que no se puede porque el INM no tiene facultades. Y si la acción la hizo la Guardia Nacional, tampoco tiene facultades para eso, y por lo tanto, no hay delito”, afirmó Castillo.
La fiscalía también trabaja en propuestas para tipificar nuevos delitos en el ámbito federal, como el desplazamiento y el reclutamiento forzado. Además, se busca reclasificar la extorsión, actualmente considerada un delito patrimonial, para equipararla al secuestro, dada su gravedad y el impacto que tiene en la seguridad de las personas.
Por último, el funcionario señaló que el fiscal Alejandro Gertz Manero desarrolla una iniciativa para permitir que los particulares puedan ejercer la acción penal directamente ante un juez, sin depender del Ministerio Público. “Para que puedan directamente ir a un juez de control, y de esa manera combatir también la consideración de que nosotros somos, digamos, el tapón”, puntualizó.
