Una ex trabajadora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue vinculada a proceso por su presunta implicación en los delitos de uso de documento falso y daño a la administración de justicia. La acusación está relacionada con su posible intervención en favor de la empresa Juni Serra, vinculada al ex dirigente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y su familia.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), apoyada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), llevó a cabo una investigación que identificó que la ex funcionaria, María “M”, habría autorizado una resolución apócrifa en la que se exoneraba a Juni Serra de ser considerada una empresa facturera, pese a existir una resolución contraria. Esto habría permitido a la empresa eludir las sanciones fiscales correspondientes.
Juni Serra, una compañía ligada a Danino Ángel Martínez Diez, suegro de Ricardo Anaya, estuvo involucrada en la compra de un terreno en Querétaro a un precio inflado. El caso fue señalado como parte de una operación que buscaba simular un negocio legítimo, con Anaya defendiendo la legalidad de la transacción durante su campaña presidencial en 2018.
La vinculación a proceso de la ex funcionaria se dio tras una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, donde el Ministerio Público presentó pruebas que indicaban que la resolución apócrifa fue utilizada para beneficiar a Juni Serra, afectando los intereses fiscales del país.
El juez federal otorgó tres meses para la investigación complementaria, mientras continúa el análisis de este caso que pone de relieve las irregularidades dentro de las instituciones encargadas de la fiscalización y control de empresas en México.
