Se reportaron 181 personas secuestradas en toda la entidad el año pasado
El año 2023 cerró en Chihuahua con cifras históricas en cuanto a víctimas de secuestro, en 12 meses caracterizados por el aumento de los flujos migratorios y la intensificación de actividades criminales relacionadas con el traslado de personas en contexto de movilidad.
Registros de datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que dichos delitos llegaron a su cantidad más alta de los últimos tres años, pues, por ejemplo, se reportaron 181 personas que fueron secuestradas en toda la entidad, cuando en 2022 hubo 67 víctimas, y un año antes, 55.
Con estas 181 víctimas, Chihuahua se convirtió en el estado de la república con más secuestros registrados, con más del doble del que ocupa el segundo lugar, que es el Estado de México con 84, y casi el triple de Ciudad de México, que tiene el tercero, con 68.
El secuestro, en cualquiera de sus modalidades (exprés, extorsivo, en calidad de rehén o para causar daño), afecta la libertad personal, según las normatividades mexicanas, pero no es el único delito que vulnera ese bien jurídico que debe garantizar el Estado.
Hay otros delitos considerados del fuero común (de jurisdicción estatal) como la privación ilegal de la libertad, el autosecuestro o la desaparición forzada que, en Chihuahua, generaron que se abrieran 830 carpetas de investigación en 2023, y causaron la victimización de mil 111 personas, lo que vuelve a este estado el décimo con mayor incidencia en esos otros ilícitos.
Por otra parte, se reportaron 261 víctimas de delitos contra la sociedad (que afectan más allá de a una sola persona o un núcleo familiar, sino que trastocan la comunidad), cuando en años anteriores la cifra máxima a que llegaron era 200.
Estos delitos incluyen corrupción de menores (en que niñas, niños y adolescentes son llevados a consumir drogas o estar en situaciones de riesgo), así como trata de personas, y “otros”, según el Secretariado, entre los que se encuentran “proporcionar inmuebles destinados al comercio carnal”, “explotación de grupos socialmente desfavorecidos” o “inducción a la mendicidad”, de acuerdo con el Manual de Llenado de los reportes federales.
De las 261 víctimas, 123 son de corrupción de menores, 34 de trata de personas y 104 de esos otros delitos no enlistados uno por uno.
Antes de esta cantidad de víctimas, la más alta había sido registrada en 2015, al inicio de la metodología actual que se usa en estos registros, en que hubo 277 víctimas (31 de trata de personas, 210 de secuestro y el resto de los “otros delitos contra la sociedad”).
Crédito: DIRAIO
