Vaya puntadas las que se aventó el Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, para excusar las decisiones erráticas de la gobernadora, María Eugenia Campos, para no brindar apoyos a las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua.
El funcionario dijo que el estado de Chihuahua no se ha inscrito a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad que otorga el gobierno federal porque tiene una “mecánica universal” y “excluye a menores de edad”. Además de contradictoria, su declaración muestra un total desconocimiento del programa ya que este se otorga a “niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas indígenas y afromexicanas que viven con discapacidad permanente”, de acuerdo a sus reglas de operación.
El encargado de velar por el bienestar de las y los chihuahuenses también se puso a decir que este apoyo se otorga sin que se acredite la discapacidad de cada persona. Nada más falso. Porque para acceder a este programa es obligatorio presentar un certificado de discapacidad emitido por alguna institución de salud pública.
“Yo no quiero que me ocurra lo que sucede en muchas becas del Bienestar, ustedes han visto incluso han salido notas, donde las van a recoger en Teslas y Mercedes Benz sus becas, yo estoy muy en desacuerdo con eso” (sic). Sobre estas declaraciones, primero habría que puntualizar que no es lo mismo una beca y una pensión, cada una está definida por una temporalidad y un fin distinto.
Segundo, el secretario señala que no está de acuerdo con el carácter universal de los apoyos sociales, porque asegura, llegan a personas que aparentemente no los necesitan. Y aquí es donde los medios de comunicación que tenía enfrente le debieron preguntar: ¿Y si llegan a los que sí los necesitan?
Y es que de acuerdo a las cifras que el mismo gobierno del estado ha dado a conocer: “durante el 2023 se benefició con múltiples apoyos en favor de más de 6 mil personas con algún tipo de discapacidad” de las cerca de 168 mil personas que viven con alguna discapacidad en el estado grande, según cifras del INEGI. Basta hacer algunas operaciones matemáticas para demostrar que ni el 5 por ciento de esta población está atendida por la administración de María Eugenia Campos.
Y si a eso le sumamos que hay personas con discapacidad prácticamente invisibles para el estado por la lejanía, por la falta de censos y registros, por la discrecionalidad en la entrega de los apoyos, por los trámites cansados y engorrosos, por los tiempos de espera, por las listas de prelación del DIF, en fin… Ojalá el gobierno les dispusiera TRANSPORTE DIGNO a esas personas para que acudan a registrarse y para que recojan sus PENSIONES, o mejor aún, que utilicen la flotilla de automóviles que tenga la dependencia para buscar a todas y cada una de las personas que requieren apoyo.
