El operativo realizado el 18 de enero de 2025 en un campamento migrante en Chihuahua ha generado una gran controversia debido a las violaciones a los derechos humanos y la falta de protección de los menores de edad. Varias organizaciones y expertos en derechos humanos han condenado la acción, señalando que se dejaron a migrantes, incluidos niños, vulnerables y sin el debido acompañamiento de instituciones encargadas de su protección.
La Secretaría Nacional de la Defensa confirmó que el operativo fue solicitado por el Gobierno Estatal encabezado por María Eugenia Campos, quien no ha garantizado los derechos de los migrantes, especialmente los de los menores. Durante la operación, 39 personas fueron detenidas, incluyendo 17 menores de edad, de los cuales solo 4 fueron canalizados adecuadamente al DIF. Otros niños, incluso algunos no acompañados, fueron enviados a Villahermosa sin recibir la protección adecuada.
Jorge Pérez Cobos, de la organización Uno de Siete Migrando, expresó su preocupación sobre la falta de garantías para los derechos de la niñez migrante: “Los niños no pueden ser detenidos o privados de su libertad sin una valoración del interés superior”, agregó. Por su parte, Blanca Navarrete, de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), subrayó la necesidad de que el Instituto Nacional de Migración (INM) emita una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias para garantizar los derechos de los niños y sus familias, como el acceso a educación y atención médica.
El operativo ha sido comparado con el trágico incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, debido a la intervención violenta de diversas fuerzas de seguridad, sin la presencia de organismos de derechos humanos, lo que genera un riesgo para la integridad de los migrantes, especialmente al ser detenidos en condiciones extremas de frío y sin la debida asistencia.
Además, organizaciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua han expresado su preocupación por la falta de transparencia y la ausencia de protocolos legales en el operativo. Alejandro Carrasco Talavera, encargado de la CEDH, indicó que no hubo observación de derechos humanos en el procedimiento, lo que aumenta el riesgo de criminalización de la migración, un fenómeno que no debe ser tratado como un delito.
La gobernadora María Eugenia Campos ha reiterado que Chihuahua no es un “santuario” para migrantes, lo que se refleja en la falta de albergues y el uso de fuerzas de seguridad para reprimir a quienes buscan refugio. Las organizaciones locales e internacionales han criticado esta postura, alertando que criminalizar a los migrantes solo aumenta su vulnerabilidad y expone a más personas al crimen organizado.
En resumen, el operativo ha sido duramente criticado por su violación de los derechos de los migrantes, especialmente los de los menores, y por el uso excesivo de la fuerza, lo que refleja una clara falta de responsabilidad y un enfoque humanitario en el manejo de la crisis migratoria. Las autoridades locales deben garantizar una atención más adecuada y respetuosa de los derechos humanos para las personas en tránsito.
