Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la organización fundada por el empresario Claudio X. González Guajardo, ha perdido una de sus principales fuentes de financiamiento luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le revocara la autorización para recibir donaciones deducibles de impuestos.
El beneficio fiscal le permitió a MCCI captar al menos 300 millones de pesos en ocho años, provenientes de grandes empresarios que, bajo la figura de “donativos”, reducían su carga fiscal. Entre los principales aportantes se encuentran miembros del Consejo Mexicano de Negocios, como Claudio X. González Laporte, Germán Larrea, Alejandro Ramírez y Valentín Diez Morodo, quienes utilizaron este esquema para canalizar recursos a la organización sin afectar directamente sus finanzas.
La revocación de su estatus como donataria autorizada, efectiva desde el 14 de enero de 2025, coincide con la reciente eliminación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que entre 2018 y 2024 transfirió al menos 96 millones de pesos a MCCI. Con ello, la organización ha perdido el respaldo de dos de sus principales fuentes de financiamiento.
Desde su creación en 2015, MCCI operó con un esquema de financiamiento que le permitió ejercer cientos de millones de pesos sin transparencia sobre el uso de los recursos. Su fundador y expresidente, Claudio X. González, se asignó un sueldo de más de 300 mil pesos mensuales, mientras que su actual presidenta, María Amparo Casar, ha llegado a percibir hasta 476 mil pesos al mes.
El SAT informó que la revocación de MCCI se dio en el marco de un proceso de supervisión que entre 2023 y 2024 derivó en la cancelación de beneficios fiscales para 784 organizaciones. Con esta medida, los empresarios aún pueden seguir financiando a MCCI, pero ya no podrán deducirlo de impuestos.
Este ajuste deja en evidencia cómo, durante años, un grupo de empresarios utilizó a MCCI no solo como un actor político, sino también como una vía para reducir su carga fiscal, mientras la organización se presentaba como un ente independiente en la lucha contra la corrupción.
