La Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma constitucional que se enviará al Senado, con 350 votos a favor y 111 en contra. Esta reforma elimina la obligación del Estado de liderar de manera exclusiva la transición energética, permitiendo así una mayor colaboración con el sector privado para el cambio de combustibles fósiles a fuentes de energía limpias y la implementación de nuevas tecnologías.
El debate fue intenso, reflejando posturas encontradas entre los partidos mayoritarios y la oposición sobre los beneficios de esta colaboración. Un artículo del 27 constitucional anteriormente establecía que el Estado debía gestionar la transición energética, utilizando sosteniblemente todas las fuentes de energía del país.
La introducción de esta modificación, presentada en el último momento, generó una controversia que se extendió por dos horas. Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, sostuvo que la reforma busca facilitar la participación del sector privado, manteniendo al Estado como responsable de las políticas públicas en esta área.
Los partidos de oposición criticaron a Morena, PT y Verde por lo que consideran una potencial concentración del mercado eléctrico en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y señalaron que esta reforma podría disminuir las funciones del Estado en el ámbito de las energías renovables. Tras una larga sesión de 14 horas, la iniciativa fue aprobada, restableciendo a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la CFE como empresas públicas del Estado.
