El gobierno de Ecuador anunció el lunes la designación de Sariha Moya como vicepresidenta interina en reemplazo de Verónica Abad, quien fue suspendida de sus funciones y sin sueldo por un periodo de 150 días. La decisión fue tomada en conformidad con el artículo 150 de la Constitución, que permite al presidente designar temporalmente a un ministro para asumir la vicepresidencia en casos de ausencia.
La suspensión de Abad fue aplicada por el Ministerio de Trabajo tras una denuncia de la Cancillería, que alegó “abandono injustificado de funciones”. El incidente se originó el 1 de septiembre, cuando Abad, entonces embajadora en Israel, debía trasladarse a Turquía en respuesta al conflicto en la región. La funcionaria llegó a Ankara ocho días después, lo que fue catalogado como una “falta grave”, motivando la sanción que incluye la pérdida de sueldo.
Desde Turquía, Abad calificó la sanción como una “violación a la constitución y a las leyes ecuatorianas”. Alegó que el viaje no fue “debidamente preparado” y señaló que le pidieron dejar a sus hijos en Israel. Además, sugirió que su suspensión busca evitar que asuma la presidencia en caso de que el presidente Daniel Noboa, quien se postula para la reelección en febrero, deba delegar el cargo durante la campaña electoral.
La relación entre Noboa y Abad ha sido tensa desde antes de asumir sus cargos, y el presidente ha calificado públicamente a Abad como “desleal”.
El abogado y exlegislador Ramiro Aguilar también se pronunció, afirmando que tanto la suspensión de Abad como el nombramiento de la nueva vicepresidenta carecen de validez. “Hay arrogación de funciones tanto de la ministra del Trabajo que suspende a la vicepresidenta electa, como de la funcionaria que asume el cargo”, señaló Aguilar, quien instó a la Asamblea y al sistema judicial a actuar para revertir estos actos.
Esta es la segunda sanción en contra de Abad en poco tiempo. La semana pasada, el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador le impuso una multa de 8.500 dólares, acusándola de realizar campaña anticipada en 2023, cuando aspiraba a la alcaldía de Cuenca. Abad también denunció al presidente Noboa y a tres funcionarios, incluyendo a la canciller Gabriela Sommerfeld, por presunta violencia política de género en su contra. La audiencia de este caso tuvo lugar el viernes, y se espera una resolución en los próximos días. En Ecuador, la violencia política de género es sancionada con multas, destitución o la suspensión de derechos políticos hasta por cuatro años.
Abad ha anunciado que llevará su caso ante la comunidad internacional, afirmando que su suspensión busca excluirla de la línea de sucesión presidencial.
