La Suprema Corte de Estados Unidos dio señales este jueves de que podría mantener suspendida una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento, al tiempo que estudia limitar el alcance de las órdenes judiciales de tribunales inferiores.
Trump firmó esta orden el primer día de su segundo mandato, con el objetivo de negar la ciudadanía a niños nacidos en territorio estadounidense cuyos padres estén en el país sin autorización o con estancias temporales. La medida contradice una decisión de 1898 de la propia Corte, que interpretó que la Enmienda 14 otorga la ciudadanía a toda persona nacida en Estados Unidos, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
La mayoría de los jueces expresó preocupación sobre las implicaciones de permitir que esta política se aplique mientras se resuelven los litigios. Durante la audiencia, la jueza Elena Kagan cuestionó: “Todos los tribunales han fallado en su contra. Todos esos individuos van a ganar. Y los que no pueden permitirse ir a la corte, son los que van a perder”.
El gobierno, representado por el procurador general John Sauer, pidió a la Corte bloquear las órdenes judiciales nacionales que han impedido la aplicación de la medida. Argumentó que estas resoluciones exceden la autoridad de los jueces regionales, pues afectan a todo el país. Desde enero, se han emitido al menos 40 órdenes de este tipo contra distintas acciones del gobierno de Trump.
El debate no solo gira en torno al derecho de ciudadanía, sino también al alcance de los tribunales federales para emitir decisiones que detienen políticas a nivel nacional. Algunos jueces conservadores se mostraron abiertos a limitar esas órdenes, mientras que los liberales advirtieron que ello podría generar desigualdades entre estados y provocar una oleada de litigios.
La ciudadanía por nacimiento ha sido una práctica sostenida por más de 140 años. Diversos tribunales ya bloquearon la orden de Trump con fallos que subrayan la constitucionalidad de este derecho. La administración también ha solicitado a la Corte eliminar permisos de residencia humanitaria a más de 500 mil personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, además de retirar protecciones temporales a otros 350 mil venezolanos.
Durante la audiencia, los jueces evitaron pronunciarse sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva, enfocándose en el alcance de las medidas judiciales mientras avanzan los juicios. Una decisión definitiva se espera para finales de junio.
