Pablo Gómez aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga al Consorcio Latinus, no al periodista Carlos Loret de Mola, pues él no aparece como dueño, socio o accionista de la empresa.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó esta mañana que el Consorcio Latinus obtuvo dos mil 437 millones de pesos de gobiernos estatales entre 2019 y 2024, y descartó que se investigue al periodista Carlos Loret de Mola.
Desde Palacio Nacional, el titular de la UIF desglosó que los gobiernos estatales de Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México, Hidalgo, Michoacán y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le han dado más de dos mil 437 millones de pesos en contratos.
“Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita, que ha juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinus. Conclusión: de las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista o dueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinus”, dijo.
“La denuncia que presentó la UIF, hace años, contra Latinus, no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación, ni persona que se dedica a esta actividad”, aclaró.
Pablo Gómez explicó que el Consorcio Latinus está compuesto por cuatro empresas, pero que son dos (Digital Beacon Programatic y BCG Limited Consulting) las que cobran de entidad públicas, y que todos sus ingresos son de entidades públicas. También aclaró que el consorcio recibe de manera directa dinero de contratos con los gobiernos estatales de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas; mientras que de manera indirecta recibe de tres empresas (Diseño de Salud Integral, Digimedical y Samedic) recursos del TEPJF y de los gobiernos estatales Michoacán, Estado de México e Hidalgo.
“¿Por qué se ha denunciado a este consorcio? Por actividades de lavado de dinero, y también vinculados a la corrupción. La denuncia es del 20 de mayo de 2021. Entonces, no es una cosa reciente, es algo que está procesándose en la Fiscalía General de la República”, mencionó.
“Nosotros no andamos haciendo indagatorias. No tenemos ningún registro, ni llevamos ningún archivo en relación con lo que dicen, expresan, o mencionan los medios de comunicación, ni los periodistas en lo individual”, señaló.
“El Consorcio Latinus se caracteriza por eso [las calumnias], con recursos públicos, pero recursos públicos ilegales. No están en el presupuesto de comunicación social o publicidad, sino de medicinas y atención médica”, afirmó.
Gómez Álvarez reiteró que el consorcio tiene empresas instrumentales con las cuales recibe recursos con la compra de servicios periodísticos directamente a través de tres empresas que venden medicamentos y servicios de salud a entidades federativas.
Detrás de Latinus, la plataforma que tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo, hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la exsubsecretaria Patricia Olamendi; a su hijo, Miguel Alonso, y al secretario privado del Gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco.
Esta empresa fue fundada en 2017 por Christian González Guadarrama y Adrián Escobar y Vega, hermano del Diputado federal Arturo Escobar y Vega, uno de los principales dirigentes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del que “Pico” Madrazo Rojas, hijo del excandidato presidencial priista, fue Diputado y dirigente estatal en Tabasco.
Pero Adrián Escobar y Vega niega toda asociación con Latinus. Afirma que, en 2019, le vendió sus acciones a su socio González Guadarrama, actual director de esa plataforma. Asegura que uno de los operadores es Miguel Alonso Olamendi, exsecretario particular del Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.
Crédito: SINEMBARGO
