Congreso de Sinaloa propone castigar con cárcel el uso de ponchallantas

El Congreso del Estado de Sinaloa presentó un dictamen que busca tipificar como delito la utilización, fabricación y distribución de objetos conocidos como “ponchallantas”, comúnmente usados para bloquear vialidades y frenar el tránsito vehicular. La propuesta contempla penas de tres a diez años de prisión, así como multas económicas y el decomiso de los objetos asegurados.

Durante la sesión ordinaria, las y los legisladores de la 65 Legislatura dieron lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, el cual plantea adicionar el artículo 264 Bis al Código Penal de la entidad. En dicho artículo se establece:

“Se impondrá una pena de tres a 10 años de prisión, de 100 a 500 días multa, y el decomiso de los objetos utilizados, a quien coloque o arroje en vías de comunicación objetos punzocortantes que obstaculicen el tránsito vehicular.

“Se incluyen, entre otros, estrellas metálicas, abrojos, erizos, varillas o cualquier artefacto similar elaborado con materiales de acero o de cualquier otro material, comúnmente conocidos como ‘ponchallantas’”.

El dictamen también prevé sanciones para quienes fabriquen, vendan o distribuyan estos objetos con fines ilícitos:

“La misma pena se aplicará a quien fabrique, distribuya, comercialice o facilite la obtención de estos objetos con el propósito de ser utilizados para obstaculizar el tránsito vehicular o causar daño a terceros.

“Para efectos de este artículo, se entiende por vía de comunicación a las calles, bulevares, caminos, veredas, terracerías, avenidas, carreteras, autopistas o libramientos”.

Además, la iniciativa contempla agravantes si en la comisión del delito participan menores de edad o si el responsable es o fue servidor público en los cinco años previos al hecho, en cuyo caso la pena podría aumentar hasta en una mitad adicional.

Este proyecto legislativo se formuló a partir de dos iniciativas: una promovida por el grupo parlamentario de Morena y otra por los ciudadanos José Luis Ricardo López Enríquez, Luis Rosales Zagal, Francisco Villarreal Gastélum y Juan Bautista Lugo Corrales.

Tras su primera lectura en el Pleno, el dictamen fue turnado para su segunda lectura, donde será debatido y, eventualmente, sometido a votación para su aprobación.

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