La 64 Legislatura de Campeche aprobó por mayoría la despenalización del aborto, convirtiéndose en el estado número 22 en modificar su legislación en esta materia. La decisión, tomada la noche del 26 de febrero, responde a un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2021 determinó la inconstitucionalidad de penalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
El Congreso estatal explicó que la reforma garantiza el derecho a la salud física y mental de las mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo dentro del plazo establecido. La medida se basa en la acción de inconstitucionalidad 148/17 de la SCJN, la cual protege derechos como la libre decisión, la salud, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana.
Asimismo, se reformaron los artículos 157 y 158 del Código Penal estatal para aumentar las sanciones contra quienes obliguen a una mujer a abortar sin su consentimiento. Las penas pasaron de cinco a ocho años de prisión y, en caso de que haya violencia física o psicológica, de ocho a diez años de cárcel.
Ligia Rodríguez Mejía, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos estatal, informó que, junto con colectivos feministas, enviaron exhortos al Congreso para que se cumpliera el resolutivo de la SCJN. La sesión legislativa tuvo lugar la noche del 24 de febrero y concluyó en la madrugada, sin transmisión por Internet y sin convocatoria para todos los diputados. La legisladora morenista Maricela Flores Moo expresó su inconformidad en redes sociales tras haber sido excluida de la votación.
Organizaciones feministas, entre ellas la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche, celebraron la reforma como un avance significativo en los derechos reproductivos.
Por otro lado, la presidenta de la agrupación católica Más Vida, Más Familia, Nicté-Ha Aguilera Silva, criticó la decisión del Congreso, señalando que la sesión se realizó sin transparencia y sin permitir que la ciudadanía conociera las posturas de los legisladores sobre el tema.
