El dictamen aprobado añade al catálogo la extorsión, el narcomenudeo, las actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, la defraudación fiscal, el contrabando y las actividades relacionadas con comprobantes fiscales falsos.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el martes un dictamen para reformar el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de ampliar el catálogo de delitos que ameriten ser sancionados con la prisión preventiva oficiosa.
Con 26 votos a favor por parte de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT); y 14 en contra por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), se aprobó en lo general el dictamen durante una Reunión Ordinaria que sostuvo la Comisión en San Lázaro.
Dicho dictamen deriva de una iniciativa presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero del año en curso, y en éste se indica que serán juzgables con prisión preventiva los delitos de “extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas conforme a las leyes aplicables”. También están incluidos los delitos de “defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la Ley”.
En un boletín publicado por la Cámara de Diputados se detalla que el Congreso de la Unión cuenta con un lapso de 80 días a partir de la entrada en vigor del decreto para “armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias con el contenido” del mismo. Por su parte, las legislaturas de las entidades federativas deben “realizar las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con lo previsto en el presente decreto, dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a la publicación de este ordenamiento”.
Como parte de la discusión en lo particular de este dictamen, también fue aprobada una reserva presentada por el Diputado de Morena Leonel Godoy Rangel, la cual establece que “no puede haber interpretación por analogía o mayoría de razón” del Artículo 19 Constitucional, y que lo previsto en éste únicamente merece “una interpretación literal”.
Mediante tal reserva, se busca evitar que jueces puedan liberar a personas al realizar una interpretación personal de lo establecido en la Ley.
Godoy Rangel señaló que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar necesaria, debido a que con ésta se busca proteger a las víctimas, sus familiares y a la sociedad. Por ello, consideró que ampliar el catálogo de delitos que ameriten tal sanción es algo positivo.
Del mismo modo, el Diputado morenista Salvador Caro Cabrera afirmó que la reforma aprobada “contiene medidas relevantes para quienes dañan al erario público, cometen extorsión, narcomenudeo y actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas”.
Por parte de la oposición, Paulina Rubio Fernández, Diputada del PAN, dijo estar en contra del dictamen debido a que afectaría a los más pobres, ya que cuatro de cada 10 personas encarceladas no cuentan con una sentencia, lo cual “viola los derechos humanos y genera efectos perversos en las fiscalías”.
A su vez, el Diputado priista Marco Antonio Mendoza Bustamante mencionó que, según datos del Inegi, en 2023 había 38 mil personas encarceladas sin sentencia, por lo que al incrementar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa en vez de eliminarla, se estará convirtiendo a la Constitución en un catálogo penal.
El Diputado del PAN Santiago Torreblanca Engell sentenció que “cualquier diputada o diputado que vote a favor de esta reforma estaría violando la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México”.
Crédito: SINEMBARGO
