El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, fue citado a comparecer ante un juez federal el próximo 20 de agosto, en relación con una investigación por el presunto desvío de 3 mil 412 millones de pesos que estaban destinados a la construcción de siete cuarteles policiales en la entidad.
La audiencia fue programada por la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, quien notificó a la jueza Jovita Vargas Alarcón, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal, para que esté al tanto del desarrollo del proceso y del cumplimiento de la comparecencia por parte del exmandatario.
La asistencia de Aureoles es obligatoria; de lo contrario, perderá la suspensión provisional que lo protege de ser detenido. Su defensa ya cubrió una garantía de 52 mil pesos, impuesta como condición para mantener vigente dicha medida cautelar. “La suscrita considera que las medidas de aseguramiento decretadas a fin de que surtiera efectos la medida cautelar otorgada en auto de 22 de abril del año en curso, fueron acatadas; por lo que, deberá subsistir la suspensión provisional ahí decretada, hasta en tanto se provea lo relativo en la audiencia interlocutoria correspondiente”, resolvió la jueza Vargas Alarcón.
Durante la diligencia, la Fiscalía General de la República (FGR) imputará a Aureoles los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Los señalamientos se centran en recursos destinados a cuarteles ubicados en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
El exgobernador presentó un amparo el pasado 21 de abril para evitar su captura, tras impugnar actos atribuidos al juez de control adscrito al Reclusorio Norte, entre ellos, la orden de aprehensión y la ejecución de una eventual comparecencia judicial.
Además, en marzo pasado fueron vinculados a proceso varios exfuncionarios de su administración: Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa; y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP. Todos se encuentran bajo prisión preventiva justificada.
