Las campañas a favor y en contra de la segunda propuesta constitucional, un nuevo intento por tener una carta magna que sustituya a la que instauró en 1980 la dictadura de Augusto Pinochet, se centraron el jueves en atraer a los indecisos.
Apenas hay carteles de propaganda en las calles de la capital chilena y el texto constitucional que se votará el domingo no aparece en las vitrinas de las librerías como pasaba hace un año. La propuesta tampoco es un tema de debate en los cafés.
Las campañas a favor y en contra de la segunda propuesta constitucional, un nuevo intento por tener una carta magna que sustituya a la que instauró en 1980 la dictadura Augusto Pinochet (1973-1990), se centraron el jueves en atraer a los indecisos con banderazos que agruparon a unas pocas decenas de personas en lugares estratégicos de Santiago y otros puntos del país.
Los partidarios de la aprobación del texto —apoyado por los partidos de la oposición— señalan que se trata de una propuesta moderna que consagra libertades, trata temas cercanos a la ciudadanía como la inseguridad y que dará certidumbre y estabilidad a Chile. Los que lo rechazan —el oficialismo y otros fuerzas de centroizquierda— señalan que es una Constitución que profundiza el modelo neoliberal y supone un retroceso en derechos.
La paradoja es que a pesar de la apatía actual el reclamo por una nueva Constitución fue central para amplios sectores de la población durante el violento estallido social de 2019 junto a las exigencias de mejoras en educación, salud y pensiones.
Un primer proyecto progresista fue rechazado el año pasado en otro plebiscito.
“No hay campaña, no se ve en ninguna parte la gente participando, nadie habla de eso en la oficina, no hay como un ambiente de elecciones”, se lamentó Bárbara Mauriciano, una dirigente sindical de 54 años que participaba en un acto en contra del texto. La mujer indicó que “la gente no está bien informada” ni se ha preocupado en conocer el texto.
La campaña ha estado marcada por la ausencia de participación ciudadana y actos sobrios que reunieron a decenas de personas frente a las convocatorias multitudinarias del proceso anterior.
El gobierno ha adoptado una postura neutra tratando de cumplir su rol de informar sobre el proceso. El jueves se repartían textos de la nueva propuesta gratuitamente a las salidas de metros céntricos de la capital.
El texto declara a Chile un Estado social democrático que “promueve el desarrollo progresivo de derechos sociales” a través de instituciones estatales y privadas. Para el oficialismo, aunque haya libertad de elección en salud, educación y pensiones, sólo podrán escoger quienes tengan recursos económicos.
Algunos de sus puntos más controversiales se centran en cambios como el artículo que protege a “quien está por nacer” y que para muchas organizaciones de mujeres allanaría el camino para derogar el aborto terapéutico en tres causales —violación, peligro de vida de la madre o inviabilidad del feto— que rige desde 2017.
Los defensores del texto afirman que consagra por primera vez el derecho a la vivienda y se ocupa de la seguridad.
“Es un avance poder tener en la Constitución justamente una defensoría de las víctimas, una fiscalía supraterritorial, un mejoramiento en el control de las fronteras”, declaró a medios una vocera de la campaña a favor del texto Pauline Kantor.
La seguridad, la inmigración y la corrupción se han tomado el protagonismo de la campaña en los últimos días.
El jueves se conocía que uno de los jóvenes indultados en el contexto del estallido social había sido presumiblemente atrapado por participar en uno de los delitos que más aumentaron y asustan a los chilenos: los secuestros, antes inusuales en el país. La polémica de su indulto volvía a perseguir al presidente Gabriel Boric.
Además, el miércoles llevaba la agencia mediática de nuevo la detención de los dos protagonistas acusados de un escándalo de corrupción vinculado a uno de los partidos de la coalición oficialista, el llamado Caso Convenios, que ha empañado la gestión del gobierno en los últimos meses. El gobierno valoraba los avances de la justicia.
Las últimas encuestas publicadas, que datan por ley de 15 días antes de la votación, daban como favorita a la opción “en contra”, aunque se estrechaba la distancia entre ambas opciones. Los indecisos podrían jugar un rol determinante.
El jueves, mientras se desarrollaban actividades de información puerta a puerta y banderazos, muchos chilenos estaban más preocupados por las compras de Navidad que por el texto constitucional, mientras otros se quejaban de la obligatoriedad del voto.
“Todo mal”, dijo Alejandra Calderón, de 51 años, a quien le tocó ser vocal en una mesa electoral. “No entiendo mucho de política pero lo único que puedo decir es que, como están las cosas hoy, en lugar de ir para adelante vamos para atrás”, agregó la cuidadora de ancianos preocupada por la delincuencia y la falta de trabajo.
Calderón dijo que todavía no sabe qué votará el domingo o si anulará su voto. “No me gusta el rumbo que están tomando las cosas y salga el que salga siempre es lo mismo”, sostuvo.
Crédito: PROCESO
