Las anomalías son detectadas en el manejo de recursos federales transferidos al estado en 2022. Chihuahua es una de las entidades más señaladas por la Auditoría Superior de la Federación por pagos de contratos sin la entrega de bienes ni servicios, con excedentes y sin justificar
El Gobierno de Chihuahua utilizó cientos de millones de pesos para pagar contratos en los que no se entregaron bienes ni servicios, con pagos excedentes y con procedimientos excepcionales que no fueron justificados, encontró la revisión de la Cuenta Pública 2022 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la entrega final de las revisiones al gasto público del ejercicio 2022, la ASF detalló las irregularidades del gasto ejecutado por la entidad y que, en total, exceden los 763 millones de pesos correspondientes a la auditoría federal realizada al primer año de gobierno de María Eugenia Campos Galván.
La irregularidad más cuantiosa corresponde a la auditoría al Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, donde la ASF encontró un probable daño a la hacienda pública por más de 352 millones de pesos.
De acuerdo con el informe, durante 2022, el gobierno de Chihuahua no documentó el destino de 352 millones 38 mil 262 pesos que tuvo de excedentes y de los cuales tampoco hubo autorización de uso de la Secretaría de Hacienda estatal.
“… los pagos realizados con recursos de ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición no se encontraron dentro de los supuestos establecidos en la normativa”, se lee en la revisión.
El segundo mayor monto de observaciones corresponde a la auditoría a las Participaciones Federales a Entidades Federativas, con 311.2 millones de pesos pendientes de aclaración de los 25 mil 576 millones 452 mil pesos entregados en 2022 a la entidad.
Una de las mayores observaciones corresponde al presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por 35 millones 179 mil 57 pesos que corresponden a 26 contratos firmados por Pensiones Civiles de Chihuahua y en los que no hubo facturas ni remisiones que comprobaran la entrega de bienes.
CONTRATAN CON EMPRESAS INHABILITADAS
La entidad fue una de las más señaladas en la revisión, debido a múltiples irregularidades, entre las que destacan la contratación de una empresa en la que uno de sus socios fue sancionado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por no cumplir con la regulación sanitaria (contratos PCE-LPP-001-2022-AD-02, PCE-LPP-001-2022-19 y PCE-LPP-001-2022-BIS-09), la contratación de una empresa proveedora que tiene un giro distinto al del objeto del contrato PCE-LPP-001-2022-AD-06 y la firma de los contratos PCE-LPP-002-2021-AD-04 y PCE-LPP-002-2022-05 con un proveedor sancionado e inhabilitado por el Estado mexicano.
En otro pliego, también referente a Pensiones, pero ahora por el pago de pólizas, se presume daño por nueve millones 373 mil 628 pesos por falta de documentación que acredite entrega de servicios, falta de justificación del gasto y de procesos de adjudicación, o por no acreditar el origen de la obligación de pago.
La revisión al gasto del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, arrojó la falta de evidencia de la entrega de bienes, almacenamiento, resguardo en un contrato por 36.7 millones de pesos; de otros cuatro contratos no hay evidencia de entrega de vehículos, daño por 58 millones de pesos, de otro sin evidencia por 11.6 millones de pesos y finalmente otro sin evidencia por 16.9 millones de pesos; en total, las observaciones significan un presunto daño por 124 millones 453 mil 358 pesos.
Incluso la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua –el ente encargado de revisar cómo se gastan los recursos públicos en la entidad– fue señalada por presuntas irregularidades, en este caso por usar la adjudicación directa en más del 50 por ciento de los procedimientos de compra, una práctica repetida en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.
“(…) de lo que se desprende que no se privilegió la licitación pública para la adjudicación de contratos, por lo que no se aseguraron al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, señaló la ASF.
¿Y LOS BIENES Y SERVICIOS?
La Auditoría Superior estatal también fue señalada por un daño de 242 mil 857 pesos por la falta de documentación que acredite la entrega de bienes y servicios contratados.
En cinco expedientes de adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por los Servicios de Salud de Chihuahua hay una diferencia por comprobar de 42 millones de pesos, además de irregularidades entre registros contables, estados de cuenta y entregables de los servicios y bienes correspondientes al contrato S-075/2022 que podría significar daño o perjuicio por ocho millones 77 mil pesos.
Mientras que en los contratos ICHD/LPE/11/2022 e ICHD/LPE/10/2022 del Instituto Chihuahuense del Deporte “no se presentó información que acredite de forma fehaciente el cumplimiento de los contratos”, de lo que se presume un probable daño o perjuicio por 11 millones 447 mil 516 pesos.
La ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria porque no hay coincidencia entre los reportes de lo pagado y el reporte del destino del gasto por 28 millones 648 mil pesos en la información de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, el Centro de Conciliación Laboral y la Fiscalía Anticorrupción.
Al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua la ASF solicitó una aclaración por 891 mil pesos por falta de evidencia que acredite la prestación del servicio contratado de los contratos CPS-033/2022/ICAT/RM y CAPS-015/2022/ICAT/RM.
Otra observación correspondió al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua por la ausencia del acta de entrega-recepción de servicios prestados en el contrato 009, por lo que se presume un daño a la Hacienda Pública por 138 mil 40 pesos.
También en el rubro de participaciones federales se encontró que en las cuentas del Instituto Chihuahuense de la Salud, Servicios de Salud de Chihuahua, Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y el Tribunal Estatal Electoral no hay coincidencia entre la información de importes de los contratos y los reportes del destino de gasto “toda vez que reportaron un monto menor que lo gastado en dichas materias”, lo que significó una diferencia de 56 millones 639 mil pesos.
Mientras que el Fondo de Fomento Agropecuario no presentó información de adquisiciones, arrendamientos o servicios por 22 millones 600 mil pesos, por lo que la ASF emitió una observación.
El DIF estatal amplió el contrato SCOP/123/DOC/2022 sin que entregara la justificación, lo que supone un daño de 251 mil 912 pesos, según el informe.
La auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) arrojó observaciones por 40.4 millones de pesos pendientes de aclaración por dos presuntas irregularidades.
Primero, la ASF encontró que los pagos realizados a 49 trabajadores del Hospital Central del Estado de Chihuahua no fueron respaldados con el “reporte de registros del checador de entrada y salida del año” estipulado en la normatividad vigente.
La falta supone un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 23 millones 505 mil 760 pesos.
En segundo lugar se encontró una irregularidad en la falta de acreditación de la entrega de bienes de los contratos EC-005/2022 y EC-004/2022, correspondientes a insumos para banco de sangre de equipo en comodato, una observación que significa un daño de 16 millones 714 mil 193 pesos.
Igualmente, la revisión encontró que el Ejecutivo de Chihuahua no publicó en su página de internet el ejercicio y destino de los recursos del FASSA 2022, ni los correspondientes a los trimestres 2, 3 y 4 en el órgano de difusión local.
“… además, las cifras reportadas en el cuarto trimestre del ‘Ejercicio del gasto’ no se corresponden con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2022, al 31 de diciembre de 2022”, detalló el informe.
La revisión al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral reveló irregularidades por 33 millones 105 mil 735 pesos pendientes de aclaración.
La observación más cuantiosa corresponde al presunto daño por 27 millones 278 mil 653 pesos por no acreditar la entrega de bienes de los contratos ICHS-234/2021 e ICHS-233/2021 relativos ambos a productos químicos básicos, además de que los pagos excedieron los límites establecidos en los contratos.
Otro hallazgo, que asciende a dos millones 520 mil 693 pesos, fue por el pago los contratos S-001/2022 (suministro de servicio de vigilancia) y S-039/2022 (servicio de limpieza, en los que no se acreditó la totalidad de la prestación de servicios.
Mientras que en los contratos ICHS-040/2022 e ICHS-109/2022 (relativos a medicinas y productos farmacéuticos) tampoco se acreditó la entrega de los bienes, lo que implica un probable daño por millón 344 mil 780 pesos, detectó la revisión.
Otro daño más fue por 769 mil 985 pesos por no acreditar la entrega de bienes de los contratos D26139 (suministro, distribución y comercialización de medicamentos de alta especialidad) y SI-025/2022 (suministro de osteosíntesis y endoprótesis).
En los mismos contratos se detectó otra irregularidad, esta por 614 mil 368 pesos, por no aplicar ni recuperar penas convencionales por atrasos en la entrega de bienes adquiridos en esos contratos.
Adicionalmente, la ASF encontró un daño por 577 mil 253 pesos por no aplicar ni recuperar penas convencionales por atrasos en la entrega de medicinas y productos farmacéuticos del contrato ICHS-066/2022.
En las revisiones al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, al Sistema de Recursos Federales Transferidos y al Programa de Atención a la Salud no hubo observaciones por daño o perjuicio a la Hacienda Pública.
Crédito: LA VERDAD JUÁREZ
