El régimen de Nicolás Maduro desechó la propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien planteó un acuerdo humanitario que contemplaba la repatriación de 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos a cambio de la liberación de un número equivalente de presos políticos en Venezuela.
La respuesta fue emitida a través del fiscal general impuesto por el oficialismo, Tarek William Saab, quien calificó la iniciativa como “cínica” y lanzó críticas directas al presidente salvadoreño. “Este sujeto al margen de la ley, de forma tiránica, decide quién puede gozar o no de vida y libertad en El Salvador”, afirmó Saab. También señaló que el mensaje de Bukele “demuestra que estos ciudadanos están secuestrados a disposición unilateral” del gobierno salvadoreño.
El fiscal exigió además una “fe de vida” de los migrantes detenidos y solicitó a las autoridades salvadoreñas “la lista completa con la identificación, su estatus judicial y el informe médico de cada uno”.
La propuesta de Bukele fue publicada en la red social X, donde planteó “un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que hay en Venezuela”. El mandatario también incluyó en su propuesta a cerca de 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades.
Entre las personas detenidas en Venezuela, Bukele destacó casos como el del periodista Roland Carreño, la abogada y activista Rocío San Miguel, Rafael Tudares —yerno del candidato presidencial Edmundo González Urrutia—, y Corina Parisca de Machado, madre de la opositora María Corina Machado.
Pese a los múltiples señalamientos de organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas en Venezuela, Saab volvió a negar la existencia de presos políticos en el país. Alegó que los detenidos enfrentan causas por delitos comunes o conspiración.
En el comunicado, el fiscal aseguró que el trato dado a los migrantes venezolanos deportados y recluidos en El Salvador “constituye una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos y constituye un crimen de lesa humanidad que imita las repugnantes prácticas nazis de mitad del siglo XX”.
También acusó a Bukele de utilizar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) como “un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana” y de aprovecharse de los migrantes “para recibir a cambio sumas millonarias de dinero”.
Saab informó que se enviarán comunicaciones oficiales a la Fiscalía General y a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para obtener detalles sobre los delitos que se imputan a los venezolanos, así como información sobre su acceso a defensa legal y contacto con sus familias.
La propuesta del presidente salvadoreño ocurre en un contexto de creciente presión internacional hacia el régimen de Maduro, que el pasado 10 de enero inició un nuevo mandato presidencial tras unas elecciones ampliamente cuestionadas por fraude.
De acuerdo con el Foro Penal Venezolano, actualmente hay más de 270 presos políticos en el país, incluidos activistas, militares y ciudadanos sin afiliación política. Paralelamente, la Corte Penal Internacional mantiene una investigación abierta sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios venezolanos.
El acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Venezuela, reactivado en octubre de 2023, ha derivado en la deportación de centenares de ciudadanos venezolanos. Algunas de estas personas han sido señaladas por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua, designado como organización terrorista.
