La Cámara de Senadores aprobó de manera unánime la reforma constitucional destinada a proteger el salario de policías, maestros y personal de salud, concluyendo así su trámite legislativo. Esta modificación establece que las remuneraciones de estos servidores públicos no podrán ser inferiores al sueldo registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se aproxima a los 16,777 pesos.
La reforma tiene como objetivo mejorar los ingresos de una fuerza laboral que, hasta el momento, presenta salarios promedio bajos. El dictamen aprobado señala: “Durante el año 2023, el ingreso promedio mensual de las y los trabajadores afiliados al IMSS alcanzó los 16,777 pesos; sin embargo, los salarios de docentes de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, miembros de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, son notablemente inferiores. Esta disparidad salarial evidencia la dificultad que enfrentan estos servidores públicos para obtener una remuneración justa acorde con la labor que desempeñan”.
Según el proyecto aprobado, el personal docente percibe un salario promedio de 12,500 pesos al mes, mientras que los guardias y policías del Servicio de Protección Federal reciben alrededor de 6,800 pesos mensuales. Por su parte, el personal de enfermería del IMSS registra ingresos que oscilan entre 5,752 y 9,645 pesos al mes.
Al ser una reforma al apartado B del artículo 123 de la Constitución, esta protección salarial solo aplicará a quienes laboran para el Estado, es decir, a los servidores públicos. Así, se establece que, en espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la referencia para fijar las remuneraciones de docentes, personal de enfermería y médico, y policías que dependen del Gobierno Federal será el sueldo promedio registrado ante el IMSS.
Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la homologación de salarios de estos servidores públicos tendrá un impacto presupuestario de aproximadamente 39,864 millones de pesos.
Además, la reforma garantiza un blindaje al salario mínimo, que no podrá tener incrementos inferiores al crecimiento de la inflación. Aunque esta disposición ya existe en la Ley Federal del Trabajo, con la aprobación actual se fortalece constitucionalmente.
