Con 15 votos a favor y 6 en contra, las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México han aprobado un dictamen que despenaliza por completo el aborto en la capital. Esta medida incluye la derogación de los artículos 144, 145, 147 y 148 del Código Penal, que anteriormente criminalizaban el aborto después de las 12 semanas de gestación, y elimina la tipificación del aborto como delito en el artículo 76.
Este fin de semana, el proyecto de dictamen comenzó a circular entre los legisladores locales, proponiendo que ninguna mujer sea criminalizada por interrumpir su embarazo en cualquier etapa de la gestación. Actualmente, el aborto es legal en la Ciudad de México hasta las 12 semanas.
La propuesta busca eliminar el artículo 130 del Código Penal local, argumentando que su mantenimiento “representa un riesgo para la práctica de la interrupción legal del embarazo, debido a que dificulta la atención de emergencias obstétricas por temor a sufrir consecuencias legales, en detrimento de la salud integral de las mujeres”. El documento señala que “el delito de aborto es una cuestión irracional y contraria a la teoría de los derechos fundamentales que está construyendo la Ciudad de México”.
La reforma establece que solo se impondrán penas de cinco a ocho años de prisión a quienes realicen interrupciones del embarazo de manera forzada, dolosa y sin el consentimiento de la mujer; si la interrupción se lleva a cabo mediante violencia física o moral, las penas se incrementarán a un rango de ocho a diez años.
El proyecto de dictamen cuenta con el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, que apoyan la eliminación del delito de aborto como un avance en los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, la organización CitizenGo presentó 9,300 firmas en contra, argumentando que con esta reforma “se pretende legalizar el asesinato de los más indefensos de nuestra nación”.
En la votación, los votos en contra fueron emitidos por los diputados del PAN Olivia Garza, Lizzet Bernal, Enrique Sánchez Flores y Diego Garrido, así como por las legisladoras del PVEM Yolanda García y Paula Pérez, quienes se opusieron a título personal.
Este dictamen se fundamenta en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que defiende el derecho de las mujeres a la autodeterminación sobre su propio cuerpo y la libertad de elegir su plan de vida. Así, se busca remover todos los obstáculos que limiten estos derechos y garantizar el acceso a la atención en salud, evitando que las mujeres sean forzadas a continuar embarazos que puedan poner en riesgo su bienestar integral.
