De 2014 a la fecha, más de 7 mil adolescentes y jóvenes han muerto en hechos violentos en el estado de Chihuahua. Ante la desigualdad social y el abandono institucional, juventudes del suroriente de Ciudad Juárez buscan crear sus propios espacios seguros.
La violencia en contra de adolescentes y jóvenes en el estado de Chihuahua ha dejado 7 mil 500 víctimas mortales de 12 a 29 años durante la última década, entre 2014 y mayo de 2024, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.
La población juvenil víctima de homicidios dolosos en el estado comenzó a crecer a partir de 2018, cuando se registraron 825 casos.
El punto álgido de la violencia en contra de las juventudes sucedió entre los años 2020 y 2021, que sumaron 2 mil 024 víctimas, según datos de la Dirección de Estadística Criminal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) obtenidos a través de solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Entre la población de menor edad, de 12 a 20 años, la cifra asciende a 2 mil 003 víctimas en la última década, de los cuales mil 706 han sido identificados como del género masculino. La mitad de esas 2 mil víctimas corresponden al municipio de Juárez.
Al igual que la tendencia a nivel estatal, el mayor número de víctimas adolescentes y jóvenes en Juárez se ha registrado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con una cifra que hasta el momento suma 863 víctimas de 12 a 20 años.
La política para atender a las juventudes impulsada por el gobierno federal se ha centrado en programas de capacitación y desarrollo económico, los cuales no permearon en las zonas más vulnerables del municipio. Por el contrario, en este sexenio aumentó la violencia hacía las juventudes en el estado y el municipio de Juárez.
Las juventudes en Juárez enfrentan condiciones de desigualdad social producto de una violencia estructural que se agudiza en las colonias populares de la ciudad, pues tienen menores posibilidades de desarrollo, indica el estudio “Los procesos laborales de los jóvenes en Ciudad Juárez” del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).
Para José Manuel Valenzuela Arce, doctor en ciencias sociales e investigador sobre juventudes, ser joven es causa de discriminación social y de vulnerabilidad. Agrega que tanto en México como en América Latina, la principal causa de muerte en esta población es la violencia. El investigador ha acuñado el término ‘juvenicidio’ para describir el asesinato sistemático de esa población.
EL CONTEXTO QUE AGUDIZA LA VULNERABILIDAD DE LAS JUVENTUDES
Históricamente, la inseguridad ocasionada por la violencia ha sido el principal problema de la ciudad en opinión de las y los juarenses, de acuerdo con la Encuesta de Percepción del sistema Así Estamos Juárez. El año pasado, así lo dijo el 35.9 por ciento de la población.
Además, el Diagnóstico de la Zona Periurbana Suroriente de Ciudad Juárez del IMIP (2018) apunta que el suroriente es de las zonas con menos atención gubernamental en temas de seguridad y que casi el 68 por ciento de sus habitantes tiene miedo al transitar por su colonia.
En cuanto a los delitos que más se cometen en la zona, resaltan los asaltos en vía pública, robos a casa habitación, vandalismo, consumo de drogas, inseguridad en los parques y homicidios.
La investigación del instituto sugiere que las colonias en donde se comete el mayor número de delitos son Riberas del Bravo, Parajes del Sur y Parajes de Oriente.
El organismo municipal descentralizado resalta el impacto que ha tenido la violencia en las juventudes de la zona periurbana, por lo que no sólo son víctimas de los delitos, sino que se encuentran en riesgo de cometerlos.
Entre 2017 y 2018, de los jóvenes ingresados en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (CERSAI), el 40 por ciento fue procesado por violación agravada, el 15.56 por ciento por secuestro y un 13.33 por homicidio calificado.
Del total de adolescentes y jóvenes ingresados al CERSAI, un 32.65 por ciento residía en una colonia o fraccionamientos de la zona periurbana suroriente.
Salvo los diagnósticos del IMIP, no existen datos que delimiten la incidencia de delitos cometidos por adolescentes y jóvenes en el suroriente de la ciudad.
Sin embargo, de acuerdo con datos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, de 2018 a 2023 fueron procesados 347 adolescentes de 18 a 23 años en el distrito judicial de Bravos, correspondiente a los municipios de Juárez, Ahumada, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero.
De acuerdo con la información del Tribunal, los adolescentes fueron procesados y sentenciados en procedimientos abreviados en juzgados de Control y Tribunales Especializados en Justicia para Adolescentes.
Según los datos, durante 2023 se condenó a 73 adolescentes: 22 por violación agravada, 16 por portación de armas de fuego exclusivas del Ejército y Fuerza Aérea, 11 por robo, 9 por secuestro agravado, 3 por homicidio imprudencial, 2 por homicidio calificado y el resto por lesiones, delitos contra la salud, violencia familiar y abuso sexual.
UN OASIS EN MEDIO DE LA VIOLENCIA Y LA FALTA DE ATENCIÓN GUBERNAMENTAL
Uriel se describe como una persona trabajadora, con mucha fe y ganas de cumplir sus sueños. Tiene 25 años y creció en el suroriente de Ciudad Juárez, donde reconoce que las juventudes se enfrentan a varios tipos de violencia, como la que en agosto de 2023 le quitó a su amigo Antonio Torres, víctima de homicidio.
Crecer en el barrio es tenerle amor y respeto, dice. Es por eso que él y otro grupo de jóvenes han decidido dignificar su colonia y crear ambientes seguros en donde otros jóvenes puedan desarrollar sus habilidades.
En mayo de este año, varios jóvenes de la zona participaron en la creación de un mural en el que se plasmaron los nombres de todos aquellos jóvenes que han sido víctimas de la violencia en la zona.
Esos nombres fueron abrazados por plantas dibujadas en la pared que representan el renacimiento, un nuevo comienzo. Uriel comenta que el mural es un homenaje para las víctimas y un símbolo de respeto para sus familias que dejaron atrás.
“Creo que fue como darles un homenaje. La calle nos juntó y con el tiempo la calle se los llevó también”, describe.
Uriel ha tomado como inspiración las historias de sus compañeros de barrio para impulsar distintas actividades que fomenten la cultura de paz y el aprovechamiento de las habilidades de las juventudes para que puedan acceder a mejores oportunidades.
Ejemplo de ello es la iniciativa comunitaria Proyecto Toñito —nombrada así en honor a su amigo Antonio Torres, y que actualmente es conocida como Colectivo Los Calle—, que brinda capacitación a juventudes en corte de cabello, barbería y aplicación de uñas, y en la que Uriel es instructor.
Además, participa en el proyecto Del Norte Son, un sello discográfico y estudio de grabación independiente para las juventudes del suroriente que busquen incursionar en la música.
En su opinión, las instituciones del Estado no brindan oportunidades de desarrollo a las juventudes, ni tampoco les ofrecen programas para la mitigación de riesgos. Dice que en ocasiones se ha sentido discriminado por la policía debido a su forma de vestir.
Y es en que en la zona no hay inversión de recursos públicos dirigidos a las juventudes más vulneradas. El IMIP señala que, por lo menos hasta 2018, el gobierno municipal excluyó a la zona periurbana suroriente de sus programas destinados a la prevención social de la violencia y la delincuencia.
Por su parte, el gobierno estatal tampoco ha aplicado programas específicos a la zona suroriente de la ciudad. De acuerdo con información recabada a través de solicitudes de información, el Instituto Chihuahuense de la Juventud no tiene programas o políticas públicas dedicadas exclusivamente a la prevención de adicciones en juventudes.
El instituto informó tener un presupuesto de solo 120 mil pesos en el último año para brindar talleres y pláticas sobre las consecuencias negativas del consumo de drogas.
Por su parte la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones informó que sus programas de prevención de adicciones en juventudes consistieron en la aplicación de 6 mil pruebas para la detección de riesgo de consumo de sustancias en jóvenes.
Aunque la Comisión informó haber brindado 192 talleres de habilidades para la vida y prevención de adicciones con un alcance de 4 mil personas beneficiadas, no dio a conocer cuál fue el presupuesto invertido ni los municipios en donde se llevaron a cabo.
Ante la falta de políticas públicas contundentes que atiendan la vulneración de derechos de las juventudes y ante el contexto de ‘juvenicidio’, Uriel ha optado por participar en iniciativas ciudadanas surgidas en grupos vecinales o a través de asociaciones de la sociedad civil.
Con ello, se ha logrado capacitar a jóvenes con habilidades para el autoempleo y se ha fomentado la realización de actividades recreativas y de desarrollo artístico.
Crédito: LA VERDAD JUÁERZ
