En Jalisco, principalmente en el Área Metropolitana de Guadalajara, grupos de vecinos, organizaciones y políticos han denunciado desde hace años la vinculación entre autoridades locales y estatales con empresas inmobiliarias para despojar territorio público y construir grandes desarrollos departamentales, sin consultas públicas y afectando distintos derechos de las poblaciones originarias. Esto se intensificó con la llegada de Enrique Alfaro y Pablo Lemus al poder a nivel municipal, y prevén que continúe con Movimiento Ciudadano gobernando.
Vecinos de la colonia Jardines de la Paz en Guadalajara, Jalisco, llevan 7 años luchando contra proyectos inmobiliarios, principalmente el condominio Gran San Rafael, por afectaciones a la zona que han habitado por años y que incluye vulneración a sus derechos a la vivienda y el agua, entre otros. Lo mismo ocurre en Zapopan, donde vecinos llevan desde 2005 luchando contra el boom inmobiliario en el Bosque Nixticuil, un área de protección hidrológica.
¿Qué tienen en común? Sus gobiernos de Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro, exalcalde y actual Gobernador y Pablo Lemus, quien perfila se a ser su sucesor.
Jalisco, de acuerdo con María González, coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), se destaca por tener un gobierno que ha priorizado el crecimiento urbano desordenado sin planeación efectiva en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), que ha tenido como principales beneficiarios a las empresas inmobiliarias, una mafia inmobiliaria que en esa entidad llaman “Movimiento Inmobiliario”, haciendo alusión al partido en el poder desde que Alfaro y Lemus llegaron a las presidencias municipales de la capital y de Zapopan en 2015.
Desde entonces, ha habido denuncias de grupos vecinales pero también de políticos. Por ejemplo, Cecilia Márquez, Diputada federal de Morena por Jalisco, hace apenas unas semanas denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Pablo Lemus Navarro, junto con su padres, José de Jesús Lemus y Amada Navarro de Anda, y a tres empresas constructoras, por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la edificación de torres departamentales en la colonia Providencia de Guadalajara.
Desde entonces, ha habido denuncias de grupos vecinales pero también de políticos. Por ejemplo, Cecilia Márquez, Diputada federal de Morena por Jalisco, hace apenas unas semanas denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Pablo Lemus Navarro, junto con su padres, José de Jesús Lemus y Amada Navarro de Anda, y a tres empresas constructoras, por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la edificación de torres departamentales en la colonia Providencia de Guadalajara.
Luego de esto, en abril de 2019, —durante el segundo periodo de Lemus como Alcalde—, su madre tramitó los permisos de alineamiento y número oficial para obtener la licencia de construcción, y en junio de ese mismo año la constructora Compira SA de CV, una presunta empresa fantasma con domicilio en León, Guanajuato, donde no hay oficinas, le compró el terreno y adquirió dos contiguos.
El paso siguiente en el proceso fue que Compira vendió los tres terrenos a Terla, inmobiliaria que los utilizó para construir edificios con departamentos de lujo pese a que no estaba permitido por el uso de suelo agrícola, que el gobierno municipal de Lemus cambió a urbano.
Este tipo de operaciones se han replicado en los últimos años en el AMG, bajo los gobiernos de Movimiento Ciudadano, un panorama que organizaciones vecinales y civiles consideran que continuará con Lemus en el gobierno.
LA LUCHA EN GUADALAJARA
En enero de 2017, con Alfaro como Alcalde de Guadalajara, un grupo de vecinos de la colonia Jardines de la Paz se manifestó contra la imposición de una obra presentada por las autoridades como un colector pluvial en el parque San Rafael, argumentando que era parte de un programa de prevención de inundaciones, pese a que los habitantes de la zona no tenían problemas de inundaciones:
“Al mismo tiempo que nos anunciaron la obra de la construcción del colector pluvial, empezaron a anunciar la preventa de unos departamentos, unas torres departamentales que denominaron el gran San Rafael justo en el camino del colector”, comentó Gabriela Cervantes, vecina de lugar y vocera de la organización social Vecinos Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas.
El proyecto inicial de Gran San Rafael constaba de 28 torres de departamentos con más de mil 500 viviendas en un predio que solía ser del Club Chivas en el parque San Rafael, a cargo de la inmobiliaria Grupo San Carlos, ligada al Gobernador Enrique Alfaro y a Pablo Lemus con permisos de construcción y cambios de uso de suelo autorizados en sus administraciones.
Una preocupación de los vecinos, además del deterioro a sus viviendas y a la colonia, sigue siendo que con el proyecto se puedan quedar sin agua y es que la factibilidad de servicios hidráulicos que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) otorgó no se sustenta pues de 124 a 126 litros de agua por persona diarios que se necesitan, en ese lugar sólo se podrían acceder a 50 litros.
Grupo San Carlos únicamente ha construido dos torres de departamentos y aunque existe el amparo 2610/2017 de los vecinos contra la construcción de las torres, en febrero de 2024 reanudaron los trabajos presumiendo nuevas licencias otorgadas por el gobierno municipal de Pablo Lemus.
Junto a esta venta a Grupo San Carlos del terreno, ocurrió un reordenamiento territorial en el parque San Rafael, donde se concesionaron espacios públicos a privados; canchas de diferentes deportes que eran públicas las privatizaron y ahora los vecinos que solían utilizarlas deben suscribirse para acceder, según lo registrado en la recomendación 19/2018 de la Comisión Estatal De Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
Sin embargo, estos espacios no se utilizan. De acuerdo con fotos y videos compartidos por Gabriela Cervantes a SinEmbargo, han documentado la baja ocupación de los departamentos ya construidos y el poco uso de las canchas y albercas que oferta el complejo.
Cervantes comentó que desde el inicio de estas obras, el Ayuntamiento de Guadalajara, manejado los últimos 9 años por Movimiento Ciudadano, no transparentó la planeación de los proyectos y a través de la organización han conseguido suspensiones provisionales: “en dos ocasiones les paramos las obras, luego con amparos también detuvimos la obra del vaso regulador”.
Actualmente, Grupo San Carlos está ofertando 103 departamentos nuevos en San Rafael pero omiten informar que están en medio de un juicio con el Colectivo Unidos.
“’MOVIMIENTO INMOBILIARIO’ SEGUIRÁ”
Para los vecinos de Jardines de la Paz, el “Movimiento Inmobiliario” seguirá con Lemus como Gobernador de Jalisco: “nada más ganó Lemus la candidatura y los dueños de las inmobiliarias beneficiadas por sus gobiernos salieron a decir que va a haber una expo inmobiliaria para vender todos sus productos, para seguir posicionando este tipo de construcciones, como respuesta contra los colectivos que luchamos”.
“Yo creo que la problemática sigue y va a seguir más fuerte todavía”, reiteró Gabriela Cervantes. En el AMG, lo que ocurre en Guadalajara no es la excepción, en los últimos años han surgido protestas y movimientos, grupos de vecinos para defender su territorio de esta “mafia inmobiliaria”, por ejemplo, en la Barranca de Huentitán, el Parque Morelos, el cerro del Junco, en Santa Cruz de la Soledad, en Chapala, así como en Mexicalcingo y Arcos Guadalupe en el Parque Metropolitano, o en el Bosque La Primavera.
María González coincidió y dijo que Lemus seguirá beneficiando a las empresas inmobiliarias: “todo indica que vamos a tener un gobierno de continuidad, desafortunadamente un gobierno que va a seguir beneficiando a las empresas, como lo hizo y promovió en Zapopan y Guadalajara donde fue presidente municipal (…) habrá política de continuación cuando ya empezamos a entrar en una situación crítica medioambiental pues además de violar el derecho a una vivienda adecuada, entre más desarrollos inmobiliarios en la ciudad, mayores efectos negativos al ambiente”.
El IMDEC, en el estudio “Desigualdad, Derroche y Acaparamiento del Agua en el Área Metropolitana de Guadalajara”, remarcan que los principales derechos afectados por el desarrollo inmobiliario desmedido son el derecho al agua, a la vivienda y al medio ambiente sano. En cuanto al tema del agua, analizaron cuáles son las 50 empresas o entidades con las principales concesiones de este recurso en la ciudad, tanto de agua subterránea como de agua superficial.
“Sorprendentemente, lo que nos encontramos en la investigación es que las empresas que acaparan el agua en este momento en la ciudad son las empresas inmobiliarias, hay 12 inmobiliarias con concesiones de agua subterránea y superficial, y cuatro desarrollos residenciales en la ciudad que también acaparan los mayores volúmenes de agua”, explicó González.
Algunas de las empresas inmobiliarias que acaparan el agua en la entidad son Urbi Construcciones del Pacífico S.A. de C.V., Fraccionadora La Romita S.A. de C.V., Reserva del Bosque S.A. de C.V., Geo Jalisco S.A. de C.V., y El Río Habitat S.A. de C.V. La coordinadora del IMDEC agregó que la exigencia para la crisis inmobiliaria que continúa en Jalisco es un alto al crecimiento urbano sin planeación, y que en su lugar se rehaga una política económica, social y ambiental que tenga como base los impactos del cambio climático.
Desde el Colectivo Unidos por Jardines de la Paz, algo primordial es que los gobiernos realicen consultas públicas en cualquier lugar donde se tenga intención de construir para socializar las afectaciones e intervenciones en la zona. Otra demanda son estudios de impacto ambiental certeros y desde el colectivo Vivienda Ya, también de Jalisco, una prioridad es que se garantice el derecho humano a la vivienda adecuada.
Crédito: SINEMBARGO
