El alcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, en el marco de las investigaciones sobre el rancho Izaguirre, presunto centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Actualmente permanece bajo prisión preventiva oficiosa.
La audiencia inicial se realizó el domingo 4 de mayo en el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, Jalisco, y se prolongó durante casi diez horas. La defensa del edil solicitó la duplicidad del plazo constitucional de 144 horas, por lo que será hasta el próximo viernes cuando se defina su situación jurídica.
El Ministerio Público Federal presentó testimonios de presuntas víctimas que fueron reclutadas a la fuerza y señalaron al edil como colaborador activo del CJNG. Según los relatos, no sólo conocía las actividades delictivas que se desarrollaban en el rancho Izaguirre, sino que también participaba directamente en ellas.
Uno de los testimonios leídos por la Fiscalía General de la República (FGR) detalla que fue obligado a reabrir una fosa clandestina donde se habían arrojado cuerpos desmembrados: “Detalló que llegó Chon Murguía con ‘una bolsa negra y grande’ dentro de la cual había órganos de varias personas… que también fueron lanzados al fuego”.
Otro testigo afirmó que el alcalde se reunía en el rancho con figuras clave del CJNG como José Gregorio Lastra —detenido el 22 de marzo— y Gonzalo Mendoza Gaitán, alias “El Sapo” o “El 90”, jefe regional de la organización. Las conversaciones con ellos, según el testimonio, incluían instrucciones para secuestrar a más personas y se realizaban incluso frente a víctimas.
La FGR sostiene que Murguía Santiago recibía 70 mil pesos mensuales en efectivo por colaborar con el grupo criminal, pagos que en ocasiones eran entregados en un punto entre los municipios de San Marcos y Etzatlán. También se le acusa de facilitar recursos del ayuntamiento, como armamento y personal policial, para recapturar a quienes escapaban o capturar nuevas víctimas. La comunicación con los responsables del rancho, según la FGR, se realizaba mediante un teléfono básico apodado “cacahuatito”.
José Ascensión Murguía fue detenido el sábado 3 de mayo por la Agencia de Investigación Criminal y trasladado a la Ciudad de México, para luego ser regresado a Jalisco en la madrugada del domingo. La orden de aprehensión había sido emitida desde el 24 de marzo, pero la fiscalía estatal no la ejecutó. Por esta razón, la FGR procedió de manera independiente y sin notificar a las autoridades locales.
Debido a la naturaleza de las pruebas y con el argumento de proteger a los testigos, el acceso a medios de comunicación y ciudadanos fue restringido durante parte de la audiencia. En su acusación, la FGR argumentó que el alcalde actuó “con conocimiento y de manera voluntaria” en colaboración con el CJNG.
La gravedad de las acusaciones y los vínculos descritos entre autoridades municipales y estructuras criminales refuerzan las preocupaciones sobre la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales y los retos que enfrenta el Estado mexicano en la defensa del estado de derecho.
