El Magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF (Jufed), dio a conocer la noticia en un encuentro con medios de comunicación a las afueras del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro.
Una Jueza federal otorgó una suspensión para prohibir la utilización de los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de Federación (PJF) para la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, luego de las afectaciones por el huracán “Otis”.
Elizabeth Trejo Galán, Jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó suspender las negociaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo para que el dinero de los fideicomisos sea destinado para el apoyo a las víctimas del huracán en Guerrero.
El Magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF (Jufed), dio a conocer, en un encuentro con medios de comunicación a las afueras del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, que Trejo Galán ordenó la suspensión temporal, pues “se analizarán las violaciones al procedimiento legislativo” del acuerdo al que ya habían llegado el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Ministra presidenta Norma Piña Hernández.
“Una juzgadora federal con competencia constitucional en la Ciudad de México ha concedido la suspensión provisional del decreto que propone eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, al adicionar un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el 27 de octubre del año en curso en el Diario Oficial de la Federación”, detalló.
“En dicha sentencia, con toda seguridad, se analizarán las violaciones al procedimiento legislativo mediante el cual fue aprobado dicho decreto, las violaciones a los principios de independencia y autonomía judicial, división de poderes, progresividad, seguridad social y derechos laborales adquiridos en favor de todos los que integramos la Judicatura Federal. Lo anterior es el derecho que tienen todas y todos los ciudadanos para que los actos de cualquier autoridad legislativa, ejecutiva e incluso judicial sean revisados a través de una sentencia a los ojos de la Constitución por un Juzgado o Tribunal Federal, con el respaldo de un Poder Judicial independiente y autónomo respetuoso del principio de la división de poderes”, dijo Muñoz Alvarado.
Por su parte, la Jueza Elizabeth Trejo concedió la suspensión provisional para el efecto de que no se disponga de los recursos a que hace alusión el decreto, en detrimento de los derechos adquiridos de los miembros del PJF en materia de trabajo y seguridad social, y destacó que la suspensión no afecta el interés público al no aclarar para qué se usará el recurso.
CÁMARA DE DIPUTADOS AVALA DESTINAR FIDEICOMISOS A GUERRERO
El pasado 31 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en votación económica, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se destinan los recursos de los fideicomisos para apoyar al estado de Guerrero, por el paso del huracán “Otis”.
A través de un oficio dirigido al titular del Ejecutivo, la Jucopo informó que se integrará un comité compuesto por representantes de los tres poderes de la federación, con el propósito de constituir un fondo de ayuda para atender los estragos provocados por el huracán.
“Este órgano se compromete a colaborar para que los recursos acumulados de los fideicomisos, que deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación (TESOFE), se destinen a la garantía de las personas damnificadas en el estado de Guerrero”, firmaron los representantes de la Cámara de Diputados.
MINISTRA ACEPTA PROPUESTA DE AMLO
Ese mismo día, el 31 de octubre, la Ministra presidenta de la Corte aceptó la propuesta lanzada por López Obrador de que se usarara el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial para la reconstrucción de Guerrero.
En un oficio dirigido a la Presidencia de México y al titular del Ejecutivo del país, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) expuso que la propuesta le parecía “una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado” ante la gravedad de la situación en Guerrero, y se dijo atenta y “a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión”.
Señaló que, si bien su administración en el Poder Judicial de la Federación (PJF) se ha efectuado un proyecto de reingeniería para “garantizar los derechos” de todos sus integrantes, también afirmó que este trabajo responde a la mejoría en el uso y aprovechamiento de los recursos públicos “para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda, en este caso se requiere”.
El Poder Judicial, y los poderes Ejecutivo y Legislativo han protagonizado en los últimos meses una férrea batalla por la conservación de esos “guardaditos” por 15 mil millones que, finalmente, el pleno del Senado de la República eliminó el pasado 24 de octubre.
El Presidente López Obrador ha insistido por años que dichos “guardaditos” sólo han beneficiado a la elite del Poder Judicial, en especial a ministros, magistrados y jueces que, durante décadas, han tenido los salarios y prestaciones más altas en la burocracia federal.
Ahora, ante la emergencia en Guerrero, la Ministra Piña Hernández ha mostrado una postura más flexible sobre el tema y su oficio fue una muestra decidida de tender una mano al Poder Ejecutivo.
Crédito: SINEMBARGO
