El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, con diez votos a favor y uno en contra, reformas internas que le permitirán ejercer funciones de vigilancia sobre los partidos políticos en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en cumplimiento de las nuevas atribuciones derivadas de la reciente reforma constitucional.
Entre los cambios, se establece que la “autoridad garante” encargada de supervisar el cumplimiento de estas obligaciones estará integrada por tres consejeros electorales, con una gestión de tres años y presidencia rotativa. Al interior del INE, será el Órgano Interno de Control el que asuma esta responsabilidad.
Asimismo, el Instituto se incorporará al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, como parte del nuevo marco institucional que busca llenar el vacío generado por el debilitamiento del aparato encargado de garantizar estos derechos a nivel nacional.
La consejera Dania Ravel, quien votó en contra, expresó su desacuerdo por la falta de apego al procedimiento establecido, al señalar que las reformas no fueron socializadas con anticipación ni entre los consejeros ni con los partidos políticos involucrados. Recordó que el tema se había retirado de una sesión anterior debido a que los anexos no fueron entregados a tiempo y cuestionó la inexistencia de una Comisión de Reglamentos para armonizar las normas internas.
“No estoy de acuerdo con que a partir de un comentario de la Dirección de Asuntos Jurídicos se deje de observar nuestra reglamentación expresa”, señaló.
Por su parte, la consejera presidenta Guadalupe Taddei defendió el acuerdo, al afirmar que fue producto de un proceso colectivo: “Elaboramos entre todos, revisamos entre todos; todavía el día de antier nueve consejeros acudimos a la última mesa de análisis y es que logramos el presente acuerdo”.
Aunque coincidió en señalar fallas procedimentales, la consejera Claudia Zavala argumentó que no había margen para postergar la aprobación, debido a que están en el límite para cumplir con las nuevas obligaciones: “Con una ley que es muy ambigua en muchas cosas”, dijo, refiriéndose a los vacíos normativos sobre cómo hacer exigibles estas disposiciones a los partidos.
Representantes del PRI y de Movimiento Ciudadano manifestaron dudas respecto a la implementación del nuevo modelo, especialmente en lo que respecta a las mesas de trabajo con el INE y los mecanismos de capacitación necesarios para comprender y aplicar el nuevo esquema.
