La administración de Donald Trump ha decidido congelar 2,200 millones de dólares en fondos federales destinados a la Universidad de Harvard, luego de que la institución se negara a cumplir con una serie de demandas del gobierno. Entre estas exigencias se incluyen el cierre de programas de diversidad y la supervisión de la orientación ideológica de los estudiantes internacionales, así como la falta de acciones efectivas para combatir el antisemitismo en su campus.
El gobierno de Trump ha argumentado que la universidad ha permitido el aumento del antisemitismo sin una regulación adecuada, lo que ha derivado en la amenaza de recortar hasta 9,000 millones de dólares en ayudas federales. La Universidad de Harvard, por su parte, expresó su rechazo a las demandas, argumentando que estas medidas violarían las libertades universitarias que han sido reconocidas por la Corte Suprema de los Estados Unidos.
En un comunicado, Harvard reiteró su compromiso de combatir el antisemitismo, pero dejó claro que no cederá ante las solicitudes del gobierno, las cuales considera una infracción de sus derechos constitucionales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, por su parte, advirtió que si la universidad no cumple con las demandas del gobierno, perderá su capacidad de inscribir a estudiantes internacionales. Kristi Noem, secretaria del DHS, anunció la cancelación de dos subvenciones federales por un total de 2.7 millones de dólares y solicitó a Harvard entregar, antes del 30 de abril, los registros de actividades ilegales o violentas de estudiantes extranjeros.
En respuesta, la universidad afirmó que está al tanto de la carta enviada por Noem, pero subrayó que no comprometerá su independencia institucional ni sus derechos constitucionales.
Además, más de 130 estudiantes internacionales presentaron una demanda en contra de la administración Trump, alegando que las autoridades migratorias revocaron ilegalmente su estatus de estudiantes, pese a que sus visas cumplían con todos los requisitos. La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Georgia, y los demandantes acusaron al gobierno de haber utilizado información errónea del sistema SEVIS, lo que incluyó la identificación incorrecta de algunos estudiantes como personas con antecedentes penales.
Este conflicto ha llamado la atención de los legisladores republicanos, quienes anunciaron que investigarán a Harvard por presuntas violaciones de la ley de derechos civiles. La carta enviada por los legisladores fue firmada por James Comer, presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, y Elise Stefanik, congresista por Nueva York.
Este episodio forma parte de una serie de medidas implementadas por la administración Trump para ejercer un mayor control sobre las universidades, especialmente aquellas que no sancionan las protestas en los campus en relación con el conflicto Israel-Gaza.
En un contexto separado, el Wall Street Journal informó que Paula White, líder cristiana evangélica y directora de la Oficina de Fe de la Casa Blanca, predicó sobre las “siete bendiciones sobrenaturales”, ofreciendo a los fieles la oportunidad de recibir bendiciones divinas relacionadas con la prosperidad y la protección.
Por último, la Casa Blanca comunicó que se extenderá hasta el 15 de julio la congelación de nuevas contrataciones de civiles en el Poder Ejecutivo federal.
