El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ratificó este viernes 4 de abril la destitución del presidente Yoon Suk-yeol, quien fue cesado de sus funciones tras declarar la ley marcial el pasado diciembre. La resolución fue tomada por unanimidad de los ocho magistrados, lo que obliga al país a organizar comicios presidenciales anticipados en un plazo máximo de 60 días.
Yoon fue suspendido desde hace más de 100 días, luego de que la Asamblea Nacional aprobara una moción de destitución en respuesta al polémico decreto del 3 de diciembre. Dicha acción, que implicó el despliegue de fuerzas armadas y cuerpos policiales en la sede legislativa, despertó fuertes críticas por evocar episodios autoritarios del pasado surcoreano.
La ley marcial permaneció vigente apenas seis horas, antes de ser anulada por unanimidad por los legisladores, quienes lograron entrar al hemiciclo y revertir la medida. Posteriormente, el presidente argumentó que su decisión buscaba alertar a la ciudadanía sobre las acciones del opositor Partido Demócrata, al que acusó de sabotear su administración.
Sin embargo, altos mandos militares y policiales involucrados en el operativo testificaron ante el tribunal que el mandatario les ordenó impedir la votación legislativa o incluso detener a algunos congresistas. Estas declaraciones fueron clave para consolidar la destitución.
Yoon también se convirtió en el primer presidente surcoreano en ser arrestado durante su mandato, aunque fue liberado el pasado 7 de marzo por orden judicial, lo que le permitirá enfrentar su juicio por cargos de rebelión en libertad. Cabe destacar que la inmunidad presidencial no lo protegía ante delitos graves como traición o insurrección.
Esta situación sin precedentes ha sumido a Corea del Sur en una profunda crisis institucional. La atención ahora se centra en la organización de las elecciones anticipadas, que definirán el futuro político del país.
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